Una juez investiga si se favoreció a una empresa en La Breña

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha citado a declarar como imputados esta semana a dos ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) después de que la Fiscalía los denunciara por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de uno de los imputados con un informe sobre el embalse de La Breña (Córdoba) con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la juez ha imputado al exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas Agustín Pastor Turullols por tres presuntos delitos de estafa procesal en grado de tentativa, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho, mientras que también ha imputado al excomisario de Aguas de la CHG Rafael Álvarez Giménez por un delito de estafa procesal en grado de tentativa como cooperador necesario.

la magistrada solicitó un informe a la CHG y otro a la Guardia Civil para que trate de esclarecer "los posibles vínculos económicos" entre Agustín Pastor Turullols y la empresa beneficiada por su informe, Salto de la Breña. La fiscal jefe , María José Segarra, relata que el exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas realizó un informe el 29 de diciembre de 2014 a solicitud de Salto de la Breña sobre la supuesta compatibilidad de la concesión vigente a la misma con la construcción posterior de un nuevo embalse, La Breña II, «de mucha mayor capacidad».

Segarra añade que la empresa concesionaria «pretendía que dicho aprovechamiento era factible» porque, según argumentaba, estaba contemplado en las propias bases del concurso para la construcción de La Breña II, donde se contemplaba el recrecimiento del embalse, y en la propia construcción de la presa.

El Ministerio Público resalta que Agustín Pastor es socio de miembros de la empresa beneficiada por su informe en las sociedades Gabinete de Promociones Costa Golf S.A. y Transporte de Cenizas y Cementos (Trancesa), lo cual «supone una relación de confianza y unión de intereses económicos entre el denunciado y la empresa que resultaría beneficiada por su informe, pues en todo este procedimiento lo que se hallaba en cuestión era evidentemente el importe de la indemnización a percibir por parte de la empresa, cuya concesión había devenido en inútil ». Sostener una u otra postura incidía en la indemnización a percibir por parte de la empresa.

Según Segarra, esto «era plenamente conocido por los denunciantes, quienes lo realizaron para favorecer a los intereses económicos de la empresa Salto de la Breña », a lo que se añade que el denunciado «era absolutamente incompetente para emitir el informe, más teniendo en cuenta que en el mismo se incluyen consideraciones jurídicas y técnicas ajenas a la competencia de la Oficina que dirige».

A ello se suma, según la Fiscalía, que el informe «contraviene el criterio mantenido por la Sociedad Estatal, por la Dirección General del Agua y por la propia CHG, que intervino tanto en la supervisión del proyecto de construcción del embalse de La Breña II como en la incoación del correspondiente expediente de rescate".

La Fiscalía afirma que el informe «fue solicitado directamente» a la Oficina de Planificación de la CHG el día 23 de diciembre de 2014 « al margen de todo procedimiento legal o reglamentariamente establecido y para una sociedad mercantil y sin que la presidencia ni la Secretaría General de la CHG tuvieran conocimiento ni de la solicitud ni del informe».