TRIBUNALES
El juez investiga a cien imputados por un fraude a Fogasa
La trama, operativa también entre los años 2010 y 2011, también estafaba a la Seguridad Social
EL Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba investiga a más de cien imputados como partícipes de una trama dedicada a estafar tanto a la Seguridad Social como al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al menos entre los años 2010 y finales de 2011. Una denuncia de un particular ante la Fiscalía puso sobre la pista a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que ha tirado del hilo y aún está incorporando como investigados a supuestos trabajadores de sociedades ficticias propiedad de R.E. G., principal imputado en la macrocausa a raíz de la actividad profesional que llevaba a cabo como asesor de empresas.
El principal imputado llevaba las riendas de la trama como asesor de empresas
Según recogía la UDEF en su informe, en la sección de investigación de la Seguridad Social, en los últimos años se ha venido detectando cada vez más la constitución de empresas ficticias sin actividad real que simulan mantener relación laboral con trabajadores para la obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social y/o conseguir contratos que permitan a los falsos trabajadores acceder a permisos de residencia y renovación de los mismos. Se trata de una pauta que ha dado origen a varias investigaciones de estas características que generan sumarios voluminosos por el alto número de personas imputadas.
La práctica más extendida es la formalización de contratos escritos con pretendidos trabajadores, seguidos de la solicitud de su alta en la Seguridad Social a cambio de diversas cantidades que percibe el simulado empresario de una vez o mensualmente durante el tiempo en que aquel percibe fraudulentamente prestaciones o subsidios. En otras ocasiones, como ya se ha apuntado, estas empresas son creadas para dotar, a cambio de una compensación económica, al trabajador extranjero de un contrato de trabajo que le permita acceder a permisos de residencia y o autorizaciones para trabajar en España.
«Cifras muy considerables»
«El fraude cometido suele alcanzar cifras muy considerables», según la UDEF. Estas empresas, que en el ámbito de la Seguridad Social se han dado en llamar «sociedades ficticias» no cotizan las cuotas obreras, lo que les genera una deuda con la Seguridad Social, carecen de actividad empresarial real, los domicilios sociales son ficticios, además de tener a gran cantidad de trabajadores en comparación con la actividad declarada, así como numerosas altas y bajas en la Seguridad Social en poco período de tiempo.
El alta a estos trabajadores en la empresa ficticia no se efectúa de forma onerosa sino que por el contrario el empleado ha de pagar al empresario que oscilan entre un fijo de 400 euros y un máximo que corresponde a un tanto por ciento de la prestación mensual o subsidio que se adjudique al trabajador.
Este tipo de empresas se da casi con exclusividad en el sector de la construcción, agencias de colocación, limpieza, servicios, régimen agrario y en general en actividades con gran rotación de trabajadores.
Por tanto, según los informes de Fiscalía y UDEF, los empresarios incurren en tantos delitos de falsedad documental como trabajadores ficticios dieran de alta, y delitos contra la Seguridad Social, así como si el importe de las cantidades percibidas ilícitamente por todos y cada uno de los trabajadores en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo supere la condición objetiva de punibilidad.
