TRIBUNALES
El juez instructor suspende de las declaraciones del caso León contra Carlos González por el Córdoba CF
La falta de una prueba documental ha pospuesto la testifical por lo que la nueva fecha aún no se ha señalado
El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha suspendido este martes 14 de abril las declaraciones como investigados a los expresidentes del Córdoba CF Carlos González y a su hijo Alejandro González, junto con otras dos personas, además los representantes de dos empresas, entre ellas Azaveco -propiedad de los González- en la denuncia por el mismo posible delito de administración desleal presentada por el también expresidente del Córdoba CF Jesús León. Las declaraciones, que habían sido ya aplazadas en 2020 y se esperaban retomar este martes han quedado pospuestas a la espera de recibir una prueba documenta l clave para la investigación, según han señalado a ABC fuentes judiciales.
Concretamente, la jueza titular tenía previsto comenzar las declaraciones a los investigados este 14 de abril, para continuar la semana del 16 al 21 con el resto de personas implicadas en la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba.
La Fiscalía fue la que solicitó a principios del pasado año ante el Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba que declarara «causa compleja» a las diligencias abiertas por esta causa en el Córdoba CF -por parte de Jesús León- por supuesta administración desleal de Carlos González.
En este sentido, según explicaron entonces a ABC fuentes judiciales, se trataba de tener más tiempo para poder investigar a fondo la causa, sobre todo, después de que la investigación policial pasara de la Guardia Civil a la Policía Nacional, quien se hizo cargo de las pesquisas.
En este caso, el proceso fue abierto por la reclamación que presentó Enrique Rodríguez Zarza , en nombre del club, en su calidad abogado de la entidad blanquiverde, cargo que perdió hace meses. El granadino ya no ostenta ningún puesto en el club, ya que que también perdió su condición de secretario no consejero tras decretarse la administración judicial en noviembre de 2019.
Es consecuencia de la tercera querella del Córdoba contra González por administración desleal, ya que las otras dos anteriores no prosperaron y fueron archivadas.
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