Caso Infraestructuras | El juez imputa al jefe del área municipal y a la ex coordinadora general

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha abierto la instrucción de un sumario por el ‘caso Infraestructuras’ en el Ayuntamiento de Córdoba tras la denuncia de la Fiscalía. En su primera decisión sobre el caso, ha llamado a declarar en calidad de investigados —asistidos por defensa legal y con los derechos que le asisten— a la excoordinadora general de Infraestructuras , María Luisa Bueno, y a un jefe de unidad del departamento . La responsable de confianza del gobierno municipal fue destituida de su cargo en cuanto se conoció que la Fiscalía apreciaba indicios de delito. El funcionario fue separado de algunas de sus funciones relacionadas con los contratos menores

Este juzgado ha ordenado, además, diligencias de investigación con una batería de peticiones al Ayuntamiento sobre contratos, pedidos de material eléctrico, firmas o cambios de personal en el área en ese tiempo, entre otras pruebas a practicar de forma inmediata. Entre otras cuestiones, el juez quiere saber el régimen de vacaciones del funcionario (se cree que dejaba documentos firmados sin comprobar las obras) o cómo era el régimen municipal para invitar a empresas para participar en contratos menores que solamente exigen de tres ofertas.

Este auto recoge que las actuaciones de investigación que inicia ahora proceden de la denuncia presentada por la Fiscalía de Córdoba, tras haber practicado diligencia de investigación penal por supuestos delitos de prevaricación, de falsedad en documento público, y un posible delito de malversación de caudales públicos . A partir de ahora, el Ayuntamiento podrá personarse como perdjudicado en la causa.

Esta denuncia del Ministerio Público emana a su vez, de la presentada por los grupos municipales IU y Podemos, recoge el auto al que ha tenido acceso ABC. De esta forma el juez instructor considera que los hechos denunciados por la Fiscalía «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». De momento, no figura como denunciante.

En concreto, el magistrado Rodríguez Laínz, enumera la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes . Y todo ello pese a constar con la existencia de informes desfavorables. Detecta así mismo la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar.

Aprecia también la posible existenxia de falsedad en documento oficial en lo que respecta a la firma de certificaciones de obra , así como, en su caso, «posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados». De momento, la presunta panoplia de posibles delitos no incluye el cohecho que es la figura legal que designa el enriquecimiento ilícito.

La investigación que inicia ahora este juzgado va encaminada a determinar el aparente grado de «apartamiento de la legalidad administrativa que se describe producida en los 24 expedientes gestionados por la coordinadora del área», y en cuanto a la segunda persona investigada, «como consecuencia de la labor de jefatura y supervisión que se le atribuye, desoyendo, aparentemente los informes técnicos que desaconsejaban tal forma de tramitación de diferentes contratas adminstrativas». La coordinadora general tenía delegadas todas las firmas relacionadas con los contratos menores que se gestionaban en Infraestructuras.