El juez del caso Bomberos llama a declarar a los denunciantes como investigados

El magistrado del juzgado de instrucción número cuatro, José Luis Rodríguez Laínz , ha llamado a declarar como investigados para proteger sus garantías procesales (lo que les permite acudir a declarar con abogado y procurador) a los denunciantes del presunto amaño de las oposiciones de bomberos en la Diputación en un auto en el que el juez empieza a cerrar vías de investigación y se centra en otras que considera que precisan de nuevas diligencias. El auto es el primero que se produce tras el desarrollo de la primera ronda de declaraciones y tras la petición de numerosos documentos. En esa ronda han participado todos los investigados del procedimiento.

El magistrado empieza a desbrozar sus autos iniciales y establece líneas de investigación concretas sobre la situación en la que se encuentra en caso descartando aspectos que sí aparecían en los primeros autos. Por ejemplo, desvincula al alcalde de Priego y senador del PSOE, José Manuel Mármol, de la organización de los cursos en la Mancomunidad de la Subbética al no estar en el cargo cuando se produjo la organización de los mismos. De momento, Mármol sigue estando bajo la condición de investigado porque no existe un auto formal de archivar la causa en lo que a él respecta.

Entiende el magistrado que no es viable la filtración de los exámenes teóricos a los interinos en el desarrollo de unos cursos que duraron varios meses y que exigieron de trabajo formativo. Sin embargo, centrará las investigaciones en otros aspectos como la presunta connivencia de los interinos con el director técnico y presidente del tribunal . Tanto la vicepresidenta del Consorcio y número dos del PSOE, Dolores Amo, como el gerente de la organización, Juan Carandell, señalaron en sus declaraciones que pidieron explicaciones a este alto cargo de la entidad sobre la supuesta organización de cursos tras tener conocimiento de su existencia por un cargo sindical. Entiende que las puntuaciones propiamente dichas no suponen un indicio de que se favoreció a un colectivo concreto. De las 52 plazas a concurso-oposición, 40 recayeron en profesionales que ya detentaban el puesto . Tampoco se considera un delito propiamente dicho facilitar los temarios que fueron públicos. Se usaron manuales modelo tomados del Consorcio de Guadalajara, según las declaraciones.

Algunas defensas han pedido que se proceda por denuncia falsa contra los denunciantes si se produce el sobreseimiento de la casa. El magistrado pretende seguir investigando para hallar hechos que permitan sustentar las declaraciones hasta ahora mantenidas en la denuncia y en las propias declaraciones realizadas en las diligencias previas.

Una de las cuestiones clave del auto es que el magistrado sostiene una obviedad: aparte de la denuncia, los hechos han de probarse de forma fehaciente . Afirma que en este caso hay cuestiones que se encuentran por el momento desnudas de indicios que las sustenten.

El juez vuelve a realizar peticiones de diligencias ya establecidas en anteriores autos o requiere nuevos elementos a tener en cuenta para establecer el supuesto amaño de las oposiciones. En el procedimiento sigue habiendo una veintena de personas investigadas por distintos delitos de prevaricación, tráfico de influencias o revelación de secretos.