Entrevista
José Ramón Tenor, socio de Garrigues, en Córdoba: «La Ley de Cadena Alimentaria elevará la carga burocrática»
La patronal Cesur trajo este miércoles a Córdoba a este experto para desbrozar la nueva normativa alimentaria
Entra en vigor la reforma de la Ley de la cadena alimentaria
La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) organizó ayer en la Fundación de la Caja Rural del Sur una jornada en la que este experto legal del sector agrario indicó los aspectos más destacados de la nueva normativa alimentaria que se aprobó hace un mes.
¿Cuáles son las principales novedades que incorpora la nueva Ley de Cadena Alimentaria?
En primer lugar, esta normativa es un traslado de lo articulado en una directiva comunitaria que obliga a todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) a fijar medidas para impedir que se lleven a cabo prácticas que se consideran abusivas entre los operadores comerciales de la cadena alimentaria, fijando del mismo modo su prohibición. Asimismo, el legislador español ha querido ir más allá al regular aspectos no recogidos en la normativa europea. Hay que resaltar que esta ley no solo les afecta a los agricultores y a los ganaderos y al resto de los actores de la cadena alimentaria, sino que también implica a empresas como son las de restauración con una facturación superior a 10 millones de euros, o las hoteleras con unas ventas que sobrepasen los 50 millones de euros en cuanto a las compras de alimentos que puedan realizar. Igualmente, se establece un elemento que se conoce como la destrucción de la cadena de valor, que consiste en que el operador que adquiere los productos debe pagar un precio igual o superior al coste efectivo en el que ha incurrido el vendedor . En esto se diferencia entre los propios productores individuales y entidades como las cooperativas o las sociedades agrarias de transformación ( SAT ).
¿Considera que puede cumplirse la obligatoriedad de establecer un precio justo en un mercado libre?
Esta medida está en una ley aprobada por el Parlamento y, por tanto, debe considerarse que es viable. Otra cosa es el modo de establecer los precios, pero en este aspecto prefiero no hacer ninguna valoración.
Han surgido algunas quejas entre las empresas por el hecho de que esta normativa viene a incrementar su carga burocrática. ¿Qué opina?
La ley fija la creación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de un registro público al que el sector tiene que dar cuenta de todas las contrataciones que lleva a cabo. Hay que tener en cuenta que las firmas de distribución, como son los supermercados, realizan varias compras de productos agroalimentarios al día. La normativa establece que por cada operación se tiene que elaborar un contrato que debe estar firmado por todas las partes y presentarlo en el citado registro antes de que se produzca la entrega de la mercancía . Todavía no está en vigor porque está pendiente de su correspondiente desarrollo reglamentario, aunque sí es verdad que existe el temor de que esta herramienta incrementará mucho su actividad burocrática.
«La intención de fijar un precio justo para los agricultores y ganaderos es muy loable, otra cosa es que se consiga al final»
En su opinión, ¿la ley viene a responder las demandas del sector agroalimentario?
La intención de la ley de establecer un precio justo para los agricultores y los ganaderos es muy loable y está más que justificado debido al fuerte incremento de sus costes que están sufriendo en los últimos meses, como es el caso de la electricidad o los carburantes. Otra cuestión es si finalmente se va a conseguir este objetivo.
¿Echa en falta alguna medida que no ha quedado recogida en la normativa?
Durante su tramitación en el Congreso de los Diputados ha habido muchas ponencias de distintos representantes del sector que han señalado distintas mejoras que debían haberse incorporado a la ley y que tenían mucha justificación, aunque finalmente el legislador no las ha incluido. Prefiero no especificar ninguna concreta.
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