Intervención se opuso de forma firme al plan para climatizar colegios de Córdoba

La Intervención municipal del Ayuntamiento de Córdoba pugnó hasta última hora de ayer para evitar que el gobierno municipal iniciase su plan de invertir diez millones de euros en la climatización de colegios ubicados en el término municipal. El planteamiento de los técnicos que fiscalizan el gasto del Consistorio era que las obras no son una competencia que pueda realizar el equipo de gobierno y que se corresponden en exclusiva al trabajo de la Junta de Andalucía.

En al menos dos informes, constan los reparos suspensivos de la propuesta que se financia en una parte pequeña con dinero municipal. En torno al diez por ciento del dinero sale de las IFS o Inversiones Financieramente Sostenibles , que es gasto municipal atribuido al superávit del año anterior. El resto viene de una subvención directa del Gobierno andaluz .

Los gastos de funcionamiento de colegios e institutos son una fuente de problemas desde que el Parlamento andaluz legisló en la materia. Teóricamente, el Ayuntamiento no hace colegios pero sí se encarga de mantenerlos. Otra cosa son las reformas de cierto calado que exigen de la intervención directa de la Consejería de Educación. El Ayuntamiento, por ejemplo, limpia las aulas y pone los porteros pero no se hace cargo de reparaciones de mayor enjundia.

La alcaldesa decidió ayer levantar el reparo dado que el tiempo se le echaba encima. Consta un informe técnico del departamento de Educación en el que se asegura que se ha efectuado una consulta al Gobierno central de forma verbal con resultado positivo. Aparece el nombre del funcionario de la Administración pero ello no se corresponde con ningún escrito. Levantar el reparo significa, en términos administrativos, ignorar el contenido del informe negativo por medio de un informe motivado .

El Consistorio tuvo ayer una mañana de locos con el plan de los colegios que se tuvo que aprobar ya por la tarde de forma urgente y extraordinaria. De hecho, el informe resolutorio aparece escrito por una funcionaria y firmado por un empleado público varón, como si se le hubiese pasado a la firma.