Intervención cuestionó el plan de rescate de Emacsa

La Empresa Municipal Aguas de Córdoba ( Emacsa ) aprobó en diciembre la medida estrella del cogobierno municipal del plan rescate, el establecimiento de un mínimo vital de agua y el pago de recibos vencidos, con un informe de Intervención que pone serios reparos legales al establecimiento de ambas medidas. La sociedad puso en marcha esta medida pese a que el documento del departamento de fiscalización estableció serias medidas legales que van a quedar solventadas con la modificación de las tarifas, en el caso del mínimo vital, pero que siguen vigentes para el pago de recibos de agua.

En ambos casos, se trata de una cuestión legal. Emacsa, dice el documento, no está capacitada para dar ayudas sociales cuya valoración y financiación solo están permitidas al Ayuntamiento de Córdoba. La institución matriz es la que está capacitada para realizar iniciativas no lucrativas reservándose para la empresa municipal las acciones conducentes a prestar un servicio remunerado.

Lo más extraño de este caso es que el asunto pasó por el consejo de administración sin que nadie diese la alerta de la opinión contraria de la Intervención. El gobierno municipal informó de una demora «por las dudas» suscitadas por los funcionarios que se se dedican a los trabajos de fiscalización pero no de que se llegó a escribir un contundente informe que ponía en tela de juicio tanto los documentos de Emacsa como los de su asesor jurídico, la consultora PWC, y los del departamento de Servicios Sociales.

El planteamiento del informe es que no es el papel de Emacsa realizar actuaciones que impliquen subvenciones . Jurídicamente, la consultora de Emacsa había considerado que estas actividades forman parte de donaciones puntuales o actos a título gratuito de carácter aislado. Intervención discrepa al entender que se trata de una medida permanente en el tiempo que ha de formar parte de las actividades del Área de Servicios Sociales .

De hecho, Intervención asegura que existe un precedente en el mandato del PP en el que ya se adoptó una medida similar. El equipo de gobierno anterior habilitó una partida de 15.000 euros con el objetivo de que las familias que no pudieran pagar el agua recibieran una ayuda de Emacsa para esta finalidad.

Aquel expediente también fue fiscalizado de disconformidad y se aprobó por la Junta de Gobierno Local con este reparo . El actual equipo municipal incrementó esta partida hasta los 400.000 euros como fondo social con el objetivo de pagar recibos vencidos y establecer el llamado mínimo vital, una cantidad gratuita de agua para las familias en riesgo de exclusión social.