Intervención avisa del riesgo del crédito para el plan energético de Córdoba

La interventora del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un informe en el que expresa serias dudas acerca de los planes del cogobierno municipal para financiar parte del nuevo plan de eficiencia energética con los fondos Jessica, que pertenecen a un programa europeo para la mejora ambiental de las ciudades. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la alta funcionaria resalta que la citada operación por la que el Consistorio pretende obtener cuatro millones de euros podría suponer «el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto».

Además, la interventora advierte de que el equipo de gobierno trabaja con los plazos muy ajustados para lograr el crédito en cuestión, ya que la solicitud ha de estar presentada antes del próximo 16 de junio y para entonces ha de estar finalizado su expediente así como «algunas actuaciones que no dependen de esta Corporación, como por ejemplo la autorización de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas».

La interventora añade que «el crédito extraordinario [el financiado por fondos Jessica] repercute negativamente sobre el equilibrio presupuestario, ya que no estaba incluido en el presupuesto inicial de 2016».La funcionaria, no obstante, precisa que se trata de una advertencia, puesto que la situación se dirimirá más adelante, cuando «la Intervención remita al Ministerio de Hacienda la transmisión telemática de ejecución trimestral en el que ha de efectuar una proyección de estimación de liquidación a 31 de diciembre de 2016». El documento recalca también que la operación crediticia «cumple con los requisitos legales en vigor», recogidos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El planteamiento del cogobierno es acudir al fondo Jessica en cuanto el Pleno otorgue su visto bueno con el objetivo de financiar una parte del nuevo plan de eficiencia energética de la ciudad que sustituirá al realizado en tiempos del PP porque suponía, según los partidos de izquierda, la privatización del servicio municipal de alumbrado. En total, el equipo de gobierno prevé pedir un tope de cuatro millones con el objetivo de realizar algo menos de la mitad de las actuaciones previstas, que consisten en una revisión generalizada de la tecnología que se utiliza para dar energía a la ciudad y a los edificios oficiales.