La instrucción del «caso Rocket» afronta su recta final y podría juzgarse en 2018

El Juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo número 2 , encargado de la macrocausa « Caso Rocket », encara el final de la fase de instrucción que podría quedar resuelta a principios de año. Aún así, la Fiscalía ha solicitado una prórroga de otro año y medio antes de que concluya el plazo de 18 meses dado tras declararse «causa compleja» en 2016.

Según han informado fuentes judiciales, «la investigación de la causa por parte del juzgado está en su recta final , por lo que no habrá que agotar esos 18 meses que se han solicitado de forma preventiva». En definitiva, el manejo de la causa sigue siendo complicado con una quincena de tomos y más de 15.000 folios con pruebas documentales, informes y declaraciones componen el sumario derivado de la denominada «Operación Rocket».

No en vano, este complejísimo caso que investiga la mayor trama de corrupción orquestada por una institución pública en Córdoba hasta la fecha. Actualmente, la Fiscalía está a la espera de recibir aclaraciones sobre las conclusiones de un peritaje solicitado por este Ministerio Público, que sería el último escollo antes de que se declarara la apertura de juicio. Dado el volumen de dinero supuestamente manejado por esta trama político-empresarial, el caso será enjuiciado por la Audiencia Provincial de Córdoba .

La «Operación Rocket», que trata de esclarecer la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense , sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011, llegó al órgano judicial en octubre de 2013, fecha en la que la Guardia Civil detuvo a la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), a dos empresarios, e inculpó a otras once personas. El objetivo de esta investigación no es otra que arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en proyectos cuya subvención suma 12,5 millones.

La complejidad del caso ha suscitado varias quejas y reclamaciones de los operadores jurídicos , que han pedido en numerosas ocasiones a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Justicia, que ahora dirige la cordobesa Rosa Aguilar, el refuerzo del juzgado peñarriblense, atorada por la carga de trabajo de esta macrocausa.