Un informe señala que subrogar a las trabajadoras de la ayuda a domicilio en Córdoba costaría 32,2 millones

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho públicos dos informes sobre la comisión para remunicipalizar la ayuda a domicilio que cuestionan la viabilidad de la medida, una promesa de la delegación de Servicios Sociales, en manos de IU. En concreto, un informe de Recursos Humanos defiende que no hay una vía legal que permita subrogar al personal que actualmente trabaja prestando este servicio, «ni con la ley de Presupuestos Generales, ni de Contratos del Sector Público, ni con el estatuto de los trabajadores, ni pudiendo aplicar el convenio colectivo», ha explicado el portavoz municipal, José María Bellido. En cualquier caso, según el informe, tendrían que primar los criterios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a un empleo público.

Además, en términos económicos la municipalización supondría un incremento de coste del 110 por ciento respecto a lo que actualmente cuesta la prestación del servicio. El segundo informe, de carácter financiero y elaborado por los servicios técnicos de Hacienda, da estas cifras: de los 17,6 millones que actualmente se pagan por el servicio de ayuda a domicilio se pasaría a una suma de 32,2 millones de euros . Actualmente, según Bellido, el Ayuntamiento paga sólo 5 millones y el resto lo sufraga la Junta. Si el Consistorio asumiera la prestación de este servicio mediante la subrogación de la plantilla de Clece, la empresa que hasta ahora ha resultado adjudicataria de los pliegos de la ayuda a domicilio, pasaría a pagar 20,5 millones.

Para Bellido, lo que indican estos informes es que « de ningún modo se puede hacer este servicio desde el Ayuntamiento » y que la propuesta de IU «va contra el sentido común». Además, afirma que a través de los informes el grupo popular ha conocido que la Junta lleva al menos desde julio sin pagar su parte de la ayuda a domicilio. «No ha pagado ni un euro de julio a diciembre», afirma Bellido. «Estamos adelantando unos seis millones a la Junta, que es la que debería pagar». El PP exige que se cierre la comisión , que califica de «inútil» y considera «otra cortina de humo», e insta a la delegación de Servicios Sociales a que «se ponga a resolver los problemas de la calle».