Patrimonio
Un informe jurídico invalida el acuerdo para la visita nocturna de la Mezquita-Catedral de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba, obligado a rehacer el acuerdo firmado por el anterior gobierno
El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que rehacer, si así lo estima conveniente, el último acuerdo firmado entre la institución municipal y el Cabildo para dar continuidad a la visita nocturna de la Mezquita-Catedral que recibe el nombre comercial de « El Alma de Córdoba ». Un informe realizado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento entiende que el documento es «absolutamente nulo» por razones exclusivamente ligadas a la tramitación, justificación y control llevada a cabo por el gobierno municipal que presidía, en ese momento, Isabel Ambrosio .
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El documento se firmó como «acuerdo de cooperación» el 17 de agosto de 2018 para dar continuidad al proyecto de la visita nocturna que se gestó en 2006 en un momento legal determinado: acaba la vigencia del convenio original y la novación del mismo. El Cabildo optó por denunciar el mismo y ambas partes emprendieron unas negociaciones exprés en las que el PSOE tendió puentes con la Iglesia y su socio de gobierno, IU, hizo todo lo posible para que ello no ocurriera. El acuerdo era sencillo: la visita nocturna seguía realizándose, el Consistorio se desvinculaba de cualquier implicación económica (hasta entonces tenía derecho a una comisión del 16% de cada entrada vendida por el Imtur ) y el Cabildo se comprometía a tener abierto el Patio de los Naranjos desde la hora de apertura del monumento hasta el pase nocturno siempre que no hubiese interferencias con el calendario litúrgico, cultural o de actuaciones de conservación.
El informe de la Asesoría Jurídica es bastante simple de resumir. El acuerdo no vale. Y no es válido porque no tiene los trámites mínimos para considerarlo un acuerdo realizado sobre procedimientos legales y técnicos. Entre otras cuestiones, faltan la previa autorización documental del Cabildo para la firma del acuerdo. No se ha encontrado referencia alguna a que el acuerdo de cooperación pasase por órgano municipal alguno que, en este caso, sería la Junta de Gobierno Local. El documento se rubricó sin que constase el motivo concreto por el que el Ayuntamiento firmaba el acuerdo ni tampoco se establecieron actuaciones municipales concretas a las que la institución estuviese obligada.
La institución nunca sometió el protocolo a la aprobación de un foro oficial que le diese validez
El informe legal sostiene que el documento nunca fue sometido a un trabajo previo sobre obligaciones económicas teniendo en cuenta que el Consistorio rechazó comercializar entradas y tener ingresos por ello. El acuerdo nunca estableció qué ocurriría en caso de incumplimiento de las obligaciones, no se reguló expresamente una forma de modificar los compromisos adquiridos. Además, estableció un sistema de prórrogas tácitas tras superarse los dos años de vigencia del mismo que la Asesoría Jurídica no entiende como legalmente viables. Además, se optó por someter cualquier pleito a la jurisdicción civil cuando la que compete a las administraciones es la contencioso administrativa.
El acuerdo tuvo que hacerse rápido. De hecho, debe ser uno de los trámites en los que el Consistorio sí que anduvo como el rayo. El expediente municipal para la elaboración del borrador (clave IN 166/18) del acuerdo se registró el 14 de agosto. Tres días después, el documento ya estaba listo para la firma en un acto que se celebró a mediados de agosto, un mes de muy baja actividad institucional y política.
El expediente se inició el 14 de agosto y se puso a la firma el 17 de ese mes.
Una de las curiosidades del acuerdo es que la plataforma que reclama la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz reclamando cambios en el texto del acuerdo. Reclamaba esta organización que se debían introducir modificaciones para cambiar el guion histórico de la visita nocturna al edificio, que fue pactado, tras unas durísimas negociaciones, por el Cabildo y el gobierno municipal de Rosa Aguilar.
El Defensor del Pueblo Andaluz decidió aceptar la queja y abrir una indagación en el que, lo primero que hizo, fue recabar el «acuerdo de cooperación», que fue repartido a todos los periodistas que cubrieron el acto. Reclamó un informe sobre la materia hasta en cuatro ocasiones a partir del mes de febrero de 2019 que nunca fue atendida. Las fechas que constan en las comunicaciones en las que el Defensor se puso en contacto con el Ayuntamiento son el 19 de febrero, el 25 de marzo y el 30 de abril de 2019 más una llamada telefónica a Alcaldía el tres de julio. Es decir, el grueso de las comunicaciones se produjo en la última etapa de la corporación municipal anterior. El 23 de octubre se avisó que el Consistorio podía ser considerado como una institución hostil , motivo por el que el nuevo gobierno pidió los antecedentes del caso encontrándose con un acuerdo de cuatro folios y nada más que eso.
