Seguridad
La inacción del Ministerio del Interior se come los plazos de las nuevas comisarías de Córdoba
La mudanza a Poniente en 2021 es ya un plazo irrealizable, según el cronograma del proyecto
La construcción exprés de dos comisarías de nueva planta para que el Cuerpo Nacional de Policía disponga de unas instalaciones acordes con el trabajo que desarrolla no van a ser, como tantas otras cosas, una cuestión como la que se dijo. El Ministerio de Interior se ha comido ya dos años de los ocho que tiene programados para realizar las nuevas instalaciones de Poniente, en la avenida de Manolete , y el barrio del Arenal, en Justo Urrutia , de acuerdo al plan propuesto por el Gobierno central y el Ayuntamiento de Córdoba cuando los roles políticos estaban cambiados. En concreto, cuando el secretario de estado de Seguridad era el popular José Antonio Nieto y cuando la responsable de la Alcaldía era Isabel Ambrosio.
No puede decirse a estas alturas que el problema haya sido municipal. Ni en este mandato ni en el anterior. La institución realizó lo gordo que le corresponde en el acuerdo que es la cesión de terrenos que se encuentra vinculada a una futura recepción de terrenos en las comisarías de Campo Madre de Dios y Parque Figueroa , donde tendrá que aceptar una reversión de los suelos que en su día fueron aportados por el Consistorio. Lo cierto es que los plazos que se ofrecieron en su momento han saltado por los aires. Los que aparecen en las declaraciones de altos cargos de Interior y en las respuestas parlamentarias recibidas, entre otros, por el exdiputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera . Todas las proyecciones aseguraban que en 2021 ya estaría en uso al menos una de las comisarías. En concreto, la de la avenida de Manolete que tiene que reforzar la presencia en la zona de Poniente mediante un acceso mucho más fácil a vías rápidas.
Desde el pasado mes de julio, el expediente se encuentra pendiente de la aceptación de los dos solares señalados por Interior tras un largo procedimiento. Urbanismo realizó la aprobación de cesiones a lo largo de 2018 con la fecha de 2026 como el plazo máximo al que tiene para desarrollar ambas obras que cuentan con un plazo de desarrollo de entre dos y tres años cada una, si es que nada se tuerce.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido , instó ayer al Gobierno central a ponerse a trabajar para darle un nuevo impulso político a ambos expedientes teniendo en cuenta que la disponibilidad de ambos edificios constituye un elemento central en la política de equipamientos. El director general de la Policía, Francisco Pardo, declinó contestar preguntas de los medios presentes en la rotulación de la plaza de la Policía Naciona l. En el Ayuntamiento se reconoce que el asunto va lento y que los progresos son pocos. Una cuestión que tiene que ver directamente con la ausencia de un Gobierno central durante meses que pudiera tomar decisiones de carácter ejecutivo apoyadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que las negociaciones comenzaron cuando José Antonio Nieto era alcalde y no secretario de Estado. De esa etapa proceden los primeros acercamientos cuando el Ayuntamiento ofreció directamente el edificio de preferencia del Arcángel como sede de la Comisaría para dejar Campo Madre de Dios en desuso.
El equipo del ministro Fernández Díaz optó por la reconstrucción en el mismo lugar que se encontró en 2016 con un problema de derechos urbanísticos ya que una parte del suelo le correspondía a una mutua de funcionarios policiales que reclamaba un acuerdo económico que no estaba en el orden del día. El proceso tuvo que empezar desde cero con una negociación en la que se tenían que incluir aspectos puramente técnicos (qué tipo de espacios necesita el CNP) a cuestiones relacionadas con la seguridad que este tipo de edificios requieren.
La necesidad de ambos equipamientos es evidente. Desde 2013, por ejemplo, existe un informe del Defensor del Pueblo sobre el estado de los calabozos en el marco del Programa de Prevención de la Tortura. Se han producido hasta casos de «habeas corpus» por estos hechos. Los sindicatos policiales han sido punta de lanza en esta reivindicación.
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