El impuesto de plusvalías subirá un 6% en Córdoba

La decisión del Ministerio de Hacienda , a solicitud municipal, de elevar los valores catastrales supondrá que el impuesto de plusvalías suba un seis por ciento en Córdoba. Se trata del tributo que se paga cuando se vende una vivienda y supone la diferencia entre el valor catastral del suelo en el momento de su compra inicial y una vez se revende el inmueble. Sube por efecto del incremento de valores catastrales , en un momento en el que los salarios no crecen, el precio de la vivienda despega pero de forma muy tímida y la inflación se encuentra todavía en ratios controlados.

El documento de ordenanzas fiscales municipal no fijó compensaciones para este tributo, quedando a expensas de lo que dictaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. En su momento el grupo municipal popular pidió al Ayuntamiento que hiciera lo posible por dejar a cero la subida de esta tasa en Córdoba para que no tuviera repercusión en el bolsillo de los contribuyentes.

Sí se fijó en el documento de ordenanzas la congelación del IBI mediante la compensación del tipo por parte del Ayuntamiento. En el momento de su aprobación no se sabía qué medida iba a tomar el Gobierno central -que estaba aún en funciones- con respecto a este tributo, si bien se preveía que fuera del seis por ciento, como ha resultado ser por decreto. Aunque el cogobierno de PSOE e IU se propuso subir el IBI en torno a un tres por ciento, el rechazo frontal de la oposición en bloque les hizo replantear la medida y finalmente se incluyó una cláusula compensatoria, a fin de bajar el tipo en la misma proporción en que incrementasen los coeficientes de actualización catastral fijados por el Gobierno.

Así lo confirmó ayer la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas , que aseguró que siguiendo con lo acordado el Consistorio amortiguará el golpe, aunque sí que afectará a los valores de la vivienda en el IRPF. Todo ello, añadió, si el Gobierno de Rajoy no impone un «catastrazo» sin posibilidad de compensación, una medida extraordinaria que dejaría atados de pies y manos a los Ayuntamientos.