El impuesto canalla

Un informe publicado en el diario «Cinco días» -búsquenlo, merece la pena- ha desvelado que los tribunales de justicia están empezando a poner en tela de juicio el llamado impuesto de plusvalías que cobran todos los ayuntamientos. En el caso de Córdoba, es la figura fiscal que más ha crecido en los últimos años , tanto con el cogobierno actual como con el anterior equipo del PP. Para que se hagan una idea, el tributo ha subido en los últimos tres años un treinta por ciento a razón de un crecimiento anual del diez por ciento. Y las previsiones son a considerar, básicamente, porque al calorcillo de una mayor venta de viviendas , los municipios le están viendo la punta a un ingreso constante en el que se limitan a poner la mano.

La plusvalía se llama, en realidad, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos . Consiste en un gravamen sobre el crecimiento del valor que han tenido las viviendas desde el momento de la compra hasta su transmisión posterior. Cada vez que alguien vende un piso (o un local comercial, una plaza de garaje, etcétera) tiene que pasar por la caja del Ayuntamiento. La cuestión, que contada así parece lógica, resulta que no lo es tanto. El tributo se calcula sobre el valor catastral del bien, que siempre crece, lo que tiene unos efectos más que curiosos. El impuesto se paga tanto cuando hay beneficios en la transacción como cuando no los hay. Es decir, si un piso se vende por debajo del precio que se compró -una circunstancia habitual desde la irrupción de la crisis- también tiene que pagarse a pesar de que, objetivamente, el vendedor no ha hecho negocio. El Ayuntamiento de Córdoba cobra el máximo posible por esta exacción, el treinta por ciento de la revalorización catastral de un inmueble con la salvedad de las viviendas de un valor menor de 50.000 euros en determinados supuestos. Disculpen los expertos en la materia pero explicar estas cosas obliga a cierta brocha gorda.

Las sentencias han empezado a caer por goteo y ya existen -según reseña el diario económico- hasta tres cuestiones de inconstitucionalidad realizadas por juzgados sobre esta cuestión. Las dudas son fundamentadas. En primer lugar, se plantea la constitucionalidad de cobrar por un beneficio inexistente , cuestión que tendrá que aclararse en su día. En segundo, se denuncia una doble imposición (cobrar dos veces por lo mismo) ya que la venta de una vivienda tiene efectos en el IRPF. Los expertos han destacado que es un doble impuesto de sucesiones porque también se paga en transmisiones por causa de muerte. La plusvalía se abona siempre, tanto cuando hay dinero de por medio como cuando no. Hasta 2014, el tributo era, además, ominoso. Obligaba a pagar a las personas que habían sido objeto de un desahucio por no poder hacer frente a la hipoteca. Pocas veces un acto administrativo alcanzó tales cotas de desvergüenza e injusticia.

En 2016, el Ayuntamiento de Córdoba ingresará 3,5 millones (una cantidad similar a lo que percibirá por multas de tráfico) por este concepto tras un incremento estimado de 1,2 millones como consecuencia del catastrazo diferido que estamos viviendo. En toda España, se calcula que las plusvalías van a dejar en las arcas públicas unos 2.000 millones de euros. La razón es que este nuestro Gobierno decidió paliar la bajada de ingresos del ladrillo de los municipios con unas revisiones catastrales de órdago que afectan en cadena a distintos tipos tributarios. Con el IBI se están controlando porque es impopular. Con las plusvalías van a calzón quitado.

Las primeras sentencias tumbando liquidaciones del impuesto canalla -más gravoso que el de sucesiones, si hacen la suma- suenan como las gotas del inicio de una borrasca. Antes o después, alguien con buen abogado y dinero para gastar se cansará de soltar dinero por la cara recurriendo de forma sistemática. Y luego llegará el resto, en cadena, cuando el personal se harte de tener cara de tonto a la hora de pagar.