Historia cuñada de la Mezquita de Córdoba

Aconsejo vivamente echarle un vistazo a la intervención del portavoz de IU -en el canal de la organización en Youtube ( 2:59:09 en adelante )- en las Jornadas Municipalistas realizadas por la organización política ayer en Madrid. En apenas 14 minutos, Pedro García resume la política municipal sobre el conflicto de la Mezquita-Catedral . Pocos discursos son tan clarificadores sobre la materia en lo que se considera, dice García, «el mayor robo de la historia de Europa» que ha permitido a la Iglesia Católica forrarse a costa de bienes públicos. De un latrocinio perpetrado «siempre gracias al PP».

El edil de Urbanismo arranca pedagógico asegurando que el Gobierno de Aznar permitió la inscripción de lugares de culto con certificado expedido por el diocesano equiparándolo a un funcionario. Así, la Iglesia realizó un registro masivo de bienes. Todos son datos correctos. En 2006 se produjo la inmatriculación de la Mezquita a nombre del Cabildo . Un contexto «de corrupción» pero con carácter legal, dice García. En la charla, el edil resume la historia de la creación de la plataforma ciudadana , no relacionada con el partido, que aboga por la propiedad pública. Ese grupo de trabajo, dice el edil, ha generado un papel pedagógico sobre la situación jurídica y legal, alertando «de la magnitud del robo».

La parte nuclear del discurso de García ante sus compañeros de IU es cómo afrontan el gobierno municipal del que forma parte y su organización política el asunto. «No vamos contra todas las inmatriculaciones sino contra una», explica. García sostiene la propiedad pública desde tiempos del Corregidor Luis de la Cerda , que se opuso a las obras impulsadas por el Cabildo en el siglo XVI y que esa noción se desarrolló hasta el franquismo.

El edil de Urbanismo pide que se corte la grabación, cosa que no ocurre, cuando reconoce que ordenó a un funcionario de la Gerencia realizar una investigación sobre todas las propiedades de la Iglesia «que nosotros custodiamos sin que nadie lo supiera». Secreto desvelado y motivo más que fundado para pensar que, extraoficialmente, se han dedicado recursos públicos para investigar sin expediente abierto ni comunicación al administrado. Eso permitió, dice, descubrir la inmatriculación de la plaza del Pocito. Afirma también que todos los exalcaldes de IU, salvo Rosa Aguilar , firmaron una querella contra el obispo «que no se admitió a trámite». El golpe definitivo es crear una comisión con «catedráticos de derecho e historia» presidida por Mayor Zaragoza - «que el PP ha llevado a la Fiscalía»- y que el Gobierno ha recibido cambiando la ley. La Iglesia ya no puede inscribir lugares de culto por la vía tradicional.

El discurso de Pedro García es la historia del conflicto de la Mezquita contada en plan cuñado , para fardar ante los colegas. En primer lugar, la reforma legal se realizó en 1998 e IU propuso oficialmente recurrir su inconstitucionalidad en 2014. Solo hay que revisar los archivos municipales para constatar que los primeros que han tratado como propietaria a la Iglesia fueron los sucesivos gobiernos locales de IU . Como el que en 2010 -y del que Pedro García formaba parte- puso en marcha la visita nocturno. Entre 2012 y 2015, el partido formó parte del Gobierno andaluz con un peso estratégico en áreas como Turismo sin grandes cambios en esta materia.

Más. La inmatriculación del Pocito fue denunciada por la plataforma a finales de 2014 antes de que García pusiese un pie en el Ayuntamiento de Córdoba . La investigación administrativa la inició el edil popular Miguel Ángel Torrico y la culminó el actual equipo de gobierno. Ha habido una sentencia que anuló el primer procedimiento municipal de reversión por defecto de forma. Es menos conocido que entre los papeles del caso consta un informe de la Gerencia de Urbanismo que reconoce que la Iglesia inscribió hace 30 años la unidad catastral completa (ni un metro cuadrado más) que nadie propuso nunca deslindar.

La denuncia de los exalcaldes de IU sí se admitió a trámite en contra de lo que dice Pedro García. Hubo un auto en junio de 2015 que aseguraba que no había materia penal en los conflictos denunciados. La famosa comisión Mayor Zaragoza no se ha reunido ni una sola vez y no tiene aún ningún «catedrático de prestigio» nombrado como miembro. De hecho, aún no se conoce ni el número exacto de sus vocales. El PP no la ha llevado a la Fiscalía (anunció que la recurriría si encontraba motivos para ello pero nunca habló explícitamente de acudir al Ministerio Público) ni el Gobierno cambió nada a raíz de su constitución. La creación del grupo de trabajo para aconsejar a la alcaldesa data del pasado dos de junio de este año y la reforma legal que impide inscribir con certificados diocesanos salió del Congreso el 25 de marzo de 2015 . La alcaldesa ha avanzado que no reclamará la propiedad municipal, en la línea de lo establecido por la Asesoría Jurídica , que ha establecido que cualquier pleito -de momento, inexistente-es poco menos que inviable.

O sea, que menos lobos .