Municipal

El gobierno local de Córdoba inicia la investigación sobre los contratos supuestamente inflados

El grupo de Ciudadanos abre una reflexión sobre si son precisos cambios en Infraestructuras

Isabel Albás y Salvador Fuentes ABC

Rafael Ruiz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba echó ayer a andar la investigación interna que se va a realizar sobre la denuncia ya presentada ante la Fiscalía por el teniente de alcalde de Infraestructuras relativa a contratos de alumbrado público presuntamente inflados de precio por medio de la compra de material eléctrico de una marca concreta. Los contratos se ciñen al Área de Infraestructuras, y en concreto al alumbrado, de los años 2016 a 2020.

En este caso, el Ayuntamiento ha realizado el camino inverso. Cuando IU y Podemos presentaron una denuncia sobre el presunto fraccionamiento de contratos en Infraestructuras , primero se pidió una investigación interna a la Asesoría Jurídica y posteriormente se derivó toda esa información a la Fiscalía. En este caso, opera de la siguiente manera. La denuncia se formalizó en el mes de julio de este año ante la fiscal delegada de delitos económicos y anticorrupción con la entrega de un informe pericial de un ingeniero externo y un pen drive con unos cinco gigas de información.

Los tenientes de alcalde de Turismo y Hacienda, Isabel Albás y Salvador Fuentes , no dieron una explicación muy precisa de por qué se ha cambiado el procedimiento y el órgano investigador. David Dorado firmó el decreto como alcalde accidental ( José María Bellido estaba en el congreso del PP de Granada y cede los poderes cada vez que sale de la ciudad) y la Junta de Gobierno Local se ha limitado a darle su refrendo mediante toma de conocimiento. Los portavoces de la Junta de Gobierno sí aseguraron que cualquier órgano municipal está capacitado para desarrollar un informe de esta naturaleza con garantías.

De momento, no hay una decisión adoptada sobre si es preciso hacer cambios en el Área de Infraestructuras y a qué nivel. El asunto que se encuentra en manos del juzgado de instrucción , que es el del presunto fraccionamiento de contratos, afecta por el momento a la coordinadora general de Infraestructuras y a un funcionario del departamento. No se han producido imputaciones por el momento ya que, que se sepa, no se han emitido citaciones para declarar ante abogado y procurador. La realidad es que el gobierno municipal tiene datos muy precisos con la investigación reservada que realizaron los letrados municipales y que ha servido de base a la Fiscalía para denunciar formalmente el asunto.

De momento, el asunto se encuentra en manos del grupo municipal de Ciudadanos. En concreto, sobre si hay que tomar medidas de cambios en el Área de Infraestructuras y a qué nivel. Isabel Albás explicó que en el grupo se ha abierto un periodo de reflexión para conocer en profundidad la situación generada y tomar decisiones. Si el asunto llega a imputaciones, a Ciudadanos no le queda otra. Es un partido que puede exhibir un volumen bastante relevante de recortes de prensa de sus altos cargos (en la etapa de Rivera y en la de Arrimadas) en los que exigen a otros dimisiones cuando un alto cargo llega a la consideración de investigado.

Políticamente, nadie habla dentro del gobierno de dejar caer a David Dorado de su cargo de teniente de alcalde de Infraestructuras como consecuencia de la situación creada por el presunto fraccionamiento de contratos por el que, según la Asesoría Jurídica, se recibieron cuatro avisos de cuatro proyectos concretos, que se describen como «los más burdos». La defensa entablada por el edil es que no cabe dimisión para quien ha denunciado supuestos expedientes con irregularidades. Fuentes explicó que se está respetando la autonomía de grupo de Ciudadanos.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que cese inmediatamente tanto a su delegado de Infraestructuras, David Dorado, como a la coordinadora general del área, tras conocerse que la Fiscalía ha constatado «indicios suficientes» de delito por presunta prevaricación y falsedad documental en los contratos que se firmaron en este área durante el año pasado.

«Cada minuto que deja pasar Bellido sin apartar de su gobierno a su delegado de Infraestructuras supone un respaldo a la presunta corrupción que ha corroborado la Fiscalía . Dorado no puede seguir gestionando ni un minuto más dinero público, el dinero de todos los cordobeses y cordobesas», afirma la concejal Alicia Moya.

Al PSOE le han indignado mucho las acusaciones que ha vertido David Dorado contra prácticamente todos los funcionarios, técnicos y órganos de gestión de los que se ha acordado, dice un comunicado. «Es una estrategia muy sucia intentar eludir su responsabilidad en este asunto tan grave culpando a estos trabajadores municipales. Le recordamos que la justicia ha señalado tanto a la coordinadora general que él nombró, como a la persona encargada de firmar esos contratos, también nombrada por él, explica Moya.

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