El Gobierno central no intervendrá en el nombre de la plaza de Cañero en Córdoba

El Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos no realizará intervención alguna en la decisión de volver a rotular la plaza de Cañero con el nombre que tiene desde los años noventa y que fue modificado por el de plaza de los Derechos Humanos como consecuencia de una sentencia judicial. Eso es lo que le ha respondido el Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, que se interesó por el caso de Córdoba.

La respuesta escrita asegura que el problema suscitado con esta cuestión debe ser resuelto específicamente en el ámbito del Ayuntamiento de Córdoba. Afirma concretamente el Ejecutivo que la Administración central del Estado no tiene poderes para intervenir ni en éste ni en otros casos similares.

El caso de Cañero es diferente al de Cruz Conde o Vallellano porque la vuelta a la anterior denominación no obedece a una decisión política. Fue un juzgado de lo contencioso administrativo el que entendió que el cambio de nombre no se ajustaba a la legislación. La legislación impide la nomenclatura que ensalce el régimen franquista o el golpe de estado pero la decisión municipal se adoptó en los años noventa con Herminio Trigo en la Alcaldía a propuesta de los vecinos. El juez entendió que no había, por tanto, intención de desarrollar un acto de propaganda.

El Gobierno aclara al senador de Compromís que ha enviado una carta a más de 650 ayuntamientos con el objetivo de que remitan los nomres de las calles que van a modificar con el objetivo de contar con un catálogo estatal en esta materia. Asegura que, en esos momentos, se está en trámite de recepción de ofertas.

La respuesta escrita afirma que esa documentación se remitirá a las comunidades autónomas para que tomen nota de las decisiones pendientes de realizar. Afirma, además, que se han reducido notablemente las apelaciones a jerarcas del régimen o actos protagonizado gracias la legislación sobre memoria histórica.