La gestión de expectativas

Como en todo a lo tocante a lo social, el Gobierno se ha embarcado en la creación de la renta mínima garantizada en una cierta confusión, me temo, deliberadamente creada entre los discursos simplistas de «la paguita» y la propaganda excesiva del Estado rumboso. Conviene, conociendo cómo funcionan estas cuestiones, no llamarse a engaño, que es precisamente lo que ocurrió con la legislación sobre dependencia, perfecta en su planteamiento y manifiestamente mejorable en su ejecución. La norma pasó por el Congreso en tiempos de Rodríguez Zapatero concitando una inusitada mayoría. La realidad es que todo gasto público, también en materia social, implica un ingreso estatal. Y no es posible elevar uno sin que el otro ascienda. Del mismo modo, no es viable ejecutar presupuestos estáticos , inmunes a crisis y depresiones. Todo aquel que le hable de la universalidad en todo momento y lugar, ya sea sanitaria o de cualquier otro aspecto, muy probablemente le esté mintiendo.

Según el/los discurso(s) que llegan del Gobierno, lo que se pretende implantar es una suerte de ayuda no condicionada para las personas que no tengan ingreso alguno. Es decir, que se encuentren en el paro, que hayan consumido la prestación o subsidio correspondiente, que no sumen los meses correspondientes para generar un derecho y que no pueden percibir la Renta Activa de Inserción . Las primeras estimaciones son tan vagas que merece la pena esperar a ver qué sale del parto de los montes. El plan del Gobierno -sección Unidas Podemos- es crear una primera cantidad básica de 500 euros que se elevaría en función de hijos o dependientes a cargo. Pasado el primer impacto de la crisis, se pretende promover un sistema estable a cargo de los Presupuestos del Estado. El puzzle autonómico dificulta muy notablemente el encaje legal: muchos territorios tienen ya prestaciones y criterios distintos . En este caso, la recentralización es de cajón de madera de pino. Se quiera o no.

La consagración constitucional de España como un estado social y democrático de derecho no debería tomarse en vano. Al menos, en lo tocante al concepto social . El problema radica en la gestión de expectativas. En Andalucía , como en algunas otras comunidades autónomas, se creó lo que aquí se llama Renta Mínima de Inserción Social que se dota anualmente con 130 millones de euros . El sistema anunciado en su día por el PSOE para sustituir al antiguo salario social, que iba a ser verdaderamente revolucionario, se ha quedado en un instrumento menor. Unas 50.000 personas reciben estas cantidades de la Consejería de Igualdad tras una muy polémica gestión del Gobierno del PSOE, que anunciaba las herramientas sociales sin el detalle de cómo iba a pagarlas . Algunos estudios han llegado a cifrar en más de 600.000 los andaluces que se encuentran en situación de pobreza severa , lo que indica cuál es el verdadero impacto de aquel fabuloso instrumento que Susana Díaz vendió como la justicia social definitiva.

Conviene, en este aspecto, no dejarse llevar por los discursos ideológicos. Ni el adanismo que se abraza a la palabra «universal» como la mofeta Pepe le Pew lo hacía a la gata Penélope ni a ese supuesto liberalismo deshumanizado que nos ha tocado vivir. Ni es posible una Administración pantagruélica que lo garantice todo, ni un país desarrollado que se precie de serlo puede dejar contar con un instrumento de apoyo a las familias que peor lo estar pasando. Con una reordenación profunda de la acumulación de ayudas y subsidios a las rentas más bajas que se montan con más intención electoral que cabeza y con medidas obligadas de capacitación laboral. Pero con el horizonte cierto de que, con este tipo de decisiones, lo fácil es empezar a pagar y lo difícil, por muy desastrosa que sea su aplicación, es tomar la determinación de dejar de hacerlo.