Apuntes al margen
El genoma bobo
El PP se ha metido en un lío épico con la vigilancia de las redes de los funcionarios de la Junta
El Partido Popular se ha metido en estos días en un jaleo de proporciones cósmicas, orgásmicas, como consecuencia de una presentación modo ‘emprendedor’ del anteproyecto de ley de la función pública por parte de la secretaria general responsable -¿desde cuándo un secretario general presenta un proyecto legislativo de alto impacto?-, de nombre Ana María Vielba . Sostuvo la jefa de personal de la Junta que tienen un proyecto (en fase piloto) llamado el ‘Genoma del Funcionario’ que es especialmente querido por el equipo de la Consejería que dirige Elías Bendodo . Aquí llega el ‘glups’.
Viene la cosa a consistir en que, desde la Junta, vigilen las redes sociales de los funcionarios pero en plan guay, para comentarlo después jugando la partida de pin pon. Entre bebida energética y bebida energética mientras se descansa de la dura jornada laboral en los pufs de la oficina. Explicó Vielba que el asunto consiste en usar inteligencia artificial -aplicaciones informáticas capaces de rastrear una enorme cantidad de datos- para echarle una visual a los perfiles de Facebook , Linkedin y tal de los empleados públicos con el objetivo de asignarles las tareas a las que se encuentren más predispuestos en función de sus intereses. Quiere decirse que, si hacen cursos, participan en jornadas o realizan comentarios sobre noticias técnicas sobre la Administración, eso quede archivado y analizado de forma que se puedan generar un perfil profesional más adecuado.
Dos problemas parecen advertirse del discurso ‘new age’ de la alto cargo de la Administración autonómica. El primero es que los puestos de trabajo públicos se han de asignar por estrictos procedimientos de mérito, capacidad y publicidad. Lo pone ese libro tan ‘boomer’, la Constitución española vigente desde 1978 . El segundo es que, en sus redes sociales, los empleados públicos tienen el mismo derecho que los demás para poner a caldo a sus respectivos jefes políticos sin que ello quede archivado en ningún banco de datos público. Uno de los palabros de moda en las relaciones laborales es ‘stalker’ o la supervisión de las redes sociales para decidir (o no) la contratación de personas en organizaciones. Existe un fuerte debate de que eso tenga cabida en el ámbito privado. Ni que decir tiene en el público sin pasarse de la raya de lo ilegal.
El Gobierno autonómico ha recibido un fortísimo varapalo con medidas de política de personal como los famosos contratos Covid por orden de llegada, tumbados por los tribunales tal y como era de esperar. Llueve sobre mojado en una administración que, desde el momento de su creación, ha estado expuesta a las prácticas menos limpias de contratación que imaginarse pueda. Desde empleados de agencias y fundaciones que aparecían, por arte de birlibirloque, en la carrera funcional hasta el simple hábito de contar con las criaturitas del partido para contar con gente dispuesta en los puestos clave del asunto. Desde esos interinos que se pasan toda una vida en puestos de vocación provisional a la funesta manía, aún vigente, de la concatenación de contratillos temporales en materias como la sanitaria.
Si el PP y Ciudadanos quieren hacer algo revolucionario en este aspecto, pueden empezar por implantar oposiciones abiertas y limpias para la elección de puestos de trabajo públicos en todos los órdenes de la vida oficial de la autonomía. Todos, todos. Que se ascienda por mérito y esfuerzo, y no por el carné. Menos big data con genomas bobos y más elegir a los mejores . A ver qué pasa.
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