IRREGULARIDADES EN BOMBEROS

El futuro de la número dos del PSOE de Córdoba, en manos de la dirección federal

La imputación judicial de Dolores Amo solo obliga a llevar el caso a la comisión estatal de garantías

Rafi Crespín, Isabel Ambrosio, Antonio Ruiz, y Dolores Amo, junto a Carmen Calvo (a la derecha) VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZ

El apoyo expresado por el secretario general del PSOE de Córdoba , Antonio Ruiz, a su número dos y vicesecretaria de política municipal , Dolores Amo, tras la imputación por el presunto amaño de las oposiciones a bombero es un dato pero no el definitivo .

Será la dirección federal quien tome, al menos formalmente, la decisión de mantener a Amo como militante o suspenderla cautelarmente, una determinación que la obligaría a salir de la la dirección del partido en la provincia y dejar su puesto en la Diputación.

Desde 2014 , el PSOE reguló este tipo de situaciones con el objetivo de tener un protocolo de respuesta a la implicación de sus cargos públicos y orgánicos en el caso de acusaciones judiciales. Ese documento solamente establece la obligación de dejar el cargo y la suspensión de militancia cuando la autoridad judicial firma el auto de apertura de juicio oral . Es decir, cuando concluye una instrucción penal y se ordena que una persona se siente en el banquillo para someter los hechos a vista oral. En el caso de Dolores Amo , eso todavía no ha ocurrido porque la instrucción se encuentra en fase inicial .

El código ético del PSOE , incorporado a los estatutos del partido, sí explica qué hay que hacer en el caso de imputación. El caso de la vicesecretaria se elevará a la Comisión Federal de Garantías . Ese foro emitirá una recomendación concreta sobre qué hacer . El código ético afecta también al personal eventual nombrado por el PSOE. Es decir, al gerente del Consorcio, Juan Carandell , sea o no militante.

¿Qué problema tiene el PSOE cordobés en este caso? Que existe una referencia concreta de una expulsión sin esperar a que se concretase la investigación penal . El diez de enero de 2017, el entonces secretario local de Juventudes Socialistas , Cristian Menacho , acudió al juzgado por primera vez para declarar como investigado. La dirección de la rama juvenil del partido decidió, en ese momento, suspenderlo de militancia y nombrar una gestora para la ejecutiva local. Llevaba meses reclamándole que dejase el puesto a lo que el presidente de la asociación que cobraba las mordidas siempre se negó.

La dirección de Juventudes , apoyada por el entonces secretario de organización, el hoy secretario general de los socialistas, Antonio Ruiz, vinculó la salida de Menacho , que no tenía cargo público alguno, con la investigación abierta por los servicios de la Consejería de Empleo .

El futuro de la número dos del PSOE de Córdoba, en manos de la dirección federal

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