El futuro de Gómez, en el aire por la mudanza a la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Con unas oficinas judiciales desde Fiscalía a los Juzgados a caballo entre la plaza de la Constitución de Córdoba y la flamante Ciudad de la Justicia de Noreña quedan ralentizados casos como el de Rafael Gómez «Sandokán», que encara su recta final con la expiración de la segunda prórroga de entrada en prisión dada por el Juzgado de lo Penal número 3.

Hay que recordar que el exlíder de Unión Cordobesa (UCOR) ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones.

La Fiscalía de Córdoba amanecía este pasado lunes en el nuevo edificio blanco de ventanales de colmena y era momento de comprobar los equipos informáticos y de preguntarse «¿dónde está mi ratón del ordenador?», como le ocurrió a una fiscal en la mañana de ayer que acababa de ocupar su despacho. El ratón apareció entre cajas pero era difícil hacerse con el planillo de este bloque A en la cabeza. Varios funcionarios tenían que emprender «excursiones» para encontrar la sala de vistas de la planta primera y para situar dónde estaba la sala de videoconferencias.

La Fiscalía estaba arrancando motores, pero aún había cajas sin abrir y unos «post-it» pegados en las puertas indicaban cuál era el despacho de cada representante del Ministerio Público. «Estos días ha habido un fiscal de guardia pero son muchos los asuntos que quedan por colocar sobre la mesa y poner al día», relata otro de los funcionarios de este ala del edificio blanco.

La Fiscalía es precisamente quien recibirá en breve, en cuanto esté totalmente conectada, la notificación por parte del titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, encargado de enjuiciar y llevar a cabo la ejecución de la sentencia de Gómez, de la petición por parte de su defensa de la suspensión de la orden de entrada en prisión hasta que se resuelva si se le concede o no el indulto por parte del Gobierno de la Nación.

A partir de entonces, el Ministerio Público, al igual que la Abogacía del Estado, tendrá un plazo de cinco días para pronunciarse e informar sobre si ven conveniente o no que quede en suspenso la entrada de Gómez en prisión hasta que resuelva el Gobierno el indulto o, por el contrario, entienden que debe ingresar de forma inmediata en la cárcel independientemente de que el indulto siga su curso —lo que podría tardar hasta un año—.