PRETÉRITO IMPERFECTO
La trastienda de la Rocket
Hay Justicia versallesca y Justicia rural, aunque deban ser la misma
Las irregularidades en el uso de millones europeos para reconvertir a la cuenca minera del Guadiato cuentan ya con un relato judicial conclusorio y provisional de siete años, sí, siete años de instrucción precaria y vergonzante . Hay Justicia versallesca, donde el debate es el tamaño del despacho o la energía lumínica zen que envuelve el espacio de pensamiento, y Justicia rural donde las cajas del sumario rotas se llenan de humedad y no caben en el despacho de... sus señorías. En teoría, ambas deben ser la misma Justicia, pero todos sabemos que no es así. La Junta de Andalucía, entonces en manos socialistas , no ponía medios a un juzgado señalado per se en todas las memorias con un punto negro. A perro flaco todo es meterle más pulgas.
Ocho jueces (llegar, ver y huir) han pasado estos años por la instancia que ha investigado el fraude de las subvenciones que iban a sembrar en el páramo minero de Peñarroya y que unos vivales señalaron como una magnífica oportunidad de hacer negocio del bueno. Eso sí, con el favor y la colaboración indispensable de una alcaldesa elevada entonces (años 2009 a 2013) a los altares orgánicos del PSOE andaluz (escalafón superior de la ejecutiva). Tanto como que el entonces «lidereso» cordobés Juan Pablo Durán nos deleitó con aquella encendida defensa de la regidora apelando a las cunetas, los muertos de la Guerra Civil y la derechona fascista. Luego su silencio -como la huida de Luisa Ruiz del partido- ha sido clamoroso con el paso del tiempo, como con otros asuntos que le salpicaban.
Lo cierto es que resulta meritorio y gratificante comprobar cómo la octava jueza del caso ha cerrado la instrucción de siete años en 21 folios sintéticos y reveladores de lo que tejían y destejían Ruiz y sus empresarios (¿) de cabecera: coleccionistas de locomotoras y comisiones, de facturas henchidas de ambición y forraje, memorias justificativas donde se falsificaban firmas o se multiplicaban de manera exponencial las asistencias técnicas, se pagaban arreglos inexistentes, proyectos que nunca se hicieron u operaciones urbanísticas de fantasía. Las «tramas», como dice la magistrada en su auto, estaban orquestadas para que tres empresarios, pero especialmente uno, se llevara la pasta del Guadiato que enviaba Bruselas para cambiar minas por industria o carbón por turistas.
La acumulación de delitos para Luisa Ruiz (prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude de subvenciones...) marca un hito sin igual para la dirigencia política en Córdoba hasta ahora (una docena). Traducido al Código Penal no es minucia. Otra cosa será el final de esta historia, porque los antecedentes de «causas políticas» en Córdoba siempre tienen como un carril aparte.Y siguen flotando en el ambiente varias preguntas sin respuesta: ¿Dónde está el dinero defraudado...? Y, sobre todo, ¿qué ganaba la señora Ruiz contraviniendo la ley, falseando documentos y favoreciendo de manera determinante a estos vivales con el fraude de los fondos Miner que llegaban a mansalva y con escaso control para su pueblo...?
