TRIBUNALES

La Fiscalía solicita el derribo de una casa en Trassierra

El propietario se enfrenta a dos años de prisión, multa de 7.200 euros y una fianza para garantizar la reparación del terreno

Casa ilegal en San Cristóbal derribada en 2008 VALERIO MERINO

P. GARCÍA-BAQUERO

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado dos años de prisión para el propietario de una casa ilegal así como el derribo a su cargo del edificio levantado en la zona conocida como la «Finca Las Adelfas» , en la urbanización El Cerrillo de Trasierra .

Como medida cautelar , la Fiscalía había exigido una fianza por el importe del coste del derribo para « garantizar la reposición de la realidad física alterada », así como un mandamiento al Registro de la Propiedad con este escrito y la tasación del valor de reposición a fin de que lo inscriba con efectos de prohibición de disponer, a fin de garantizar la demolición y los derechos de los terceros de buena fe .

Según consta en la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso ABC, en fecha de 17 de junio de 2012, el acusado estaba promoviendo, sin haber solicitado licencia administrativa , la edificación de una nave o vivienda de unos 60 metros cuadrados en una finca de 23.737 metros cuadrados cuyo suelo está regulado por el PGOU de Córdoba como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística en la subcategoría de Espacios Forestales y Riberas de la Sierra con protección integral dentro de la Zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Se trata de Suelo No Urbanizable y no es autorizable la edificación y construcciones realizadas conforme al propio PGOU. Los usos están restringidos en esta zona de especial protección, que recoge los espacios ambientales de la sierra de mayor valor , y que en el futuro pueden constituirse en espacio natural protegido que permita la conexión y continuidad entre los parques Naturales Sierra de Hornachuelos y Cardeña-Montoro.

Los hechos, según el fiscal, «son constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio, en territorio de especial protección por valor paisajístico, en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de 2001», por lo que el acusado se enfrenta, además, a multa de 7.200 euros.

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