La Fiscalía quiere conocer el valor real de operaciones investigadas en el «caso Rocket»

La Fiscalía de Córdoba llega pisando fuerte en el «caso Rocket» y ha solicitado pruebas periciales sobre el verdadero valor tanto de los terrenos que se vendieron por parte de la ex alcaldesa Luisa Ruiz , entonces en el PSOE y ahora en una fuerza política independiente, como del precio real de la restauración de los vagones de los trenes antiguos que se iban a usar como alternativa a la minería. Los responsables del caso tienen sospechas fundadas de que las cantidades facturadas , como ya lo advirtió la Policía Judicial, «estaban infladas» .

Estas dos operaciones son dos de los puntos claves de la trama de corrupción política de Córdoba detectada hasta el momento sobre la gestión de subvenciones europeas millonarias entre los años 2007 y 2009 . En la causa, se analiza la legalidad de distintas actuaciones como la adquisición y restauración de trenes antiguos para crear un producto turístico así como la urbanización de suelos con el objetivo de establecer lugares para la implantación de empresas. Los informes policiales aseguraban que existían pruebas de que se habían asignado contratos a dedo y con precios fuera de mercado . Los peritos designados tendrán que establecer si esa información policial está legitimada por estudios independientes,

La Fiscalía junto con el nuevo juez han dado un enérgico impulso a la causa que después de tres años, y con la ayuda de un tramitador, han logrado la digitalización de todo el proceso y la toma de declaraciones de los imputados. La solicitud de esta nueva diligencia en el caso Rocket, a la que ha tenido acceso ABC, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya Pueblonuevo, y que tiene a la ex alcaldesa socialista María Luisa Ruiz como principal investigada, vendría a completar la instrucción del caso, y agilizar su futura apertura de juicio oral. La causa está tramitada ya como de especial dificultad con el objetivo de que no se produzcan dilaciones indebidas.

Hay que recordar que la Guardia Civil detectó una g estión presuntamente irregular de las cantidades millonarias públicas percibidas por el Ayuntamiento de Peñarroya ( 12,5 millones ) para disponer de alternativas a la minería entre 2007 y 2011, en los que estaba de alcaldesa la regidora Luisa Ruiz, que entonces era una alta responsable del PSOE.

El problema mayor de esta causa es que hay un gran número de personados en la misma y, cada vez que hay que comunicar o notificar algo, es preciso enviar exhortos a otros puntos de España donde residen los investigados.