TRIBUNALES
La Fiscalía mantiene la acusación contra el exalcalde de Algallarín y su tesorero y la defensa pide la absolución
Retiran del escrito de calificación la operación de venta de unos terrenos y la Audiencia deja visto para sentencia el caso
El exalcalde de Algallarín (PSOE) admite que «gratificó» a voluntarios para «ayudarles» en plena crisis
El juicio contra el exalcalde de la ELA de Algallarín, Juan Molina, (PSOE) y su tesorero en el último mandato F.A.P. (2007-2011) celebrado estas dos últimas jornadas en la Audiencia Provincial de Córdoba ha quedado este mediodía visto para sentencia .
La Fiscalía de Córdoba ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha mantenido las penas solicitadas para los acusados casi 11 años de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos , pero ha modificado en su escrito las cuantías relativas a la operación de venta de unos terrenos a tenor de las pruebas presentadas en la vista.
Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución de los acusados. En concreto, el abogado del exalcalde ha insistido al tribunal que en el tema del pago de los atrasos en las nóminas no hay nada que impidiera esta orden que están dentro del uso de sus funciones. En cuanto a la relación del delito de malversación, la defensa ha argumentado que por ánimo de lucro ese delito está descartado absolutamente porque no está acreditado que se hayan enriquecido.
La defensa y la política
Asimismo, la defensa quiso echar por tierra la declaración de la actual alcaldesa de Algallarín Encarnación Jiménez (PSOE) y ha reiterado que si el Ayuntamiento hubiera tenido deudas con la Seguridad Social no hubiera podido cobrar las subvenciones para el PER.
En cualquier caso, esta defensa ha señalado que hubo un interés espurio porque « posiblemente nada de esto se hubiera producido si el Ayuntamiento de Adamuz le hubiera pagado a Algallarín y éste no hubiera tenido que impugnar sus presupuestos», que de ahí viene esta denuncia ha insistido.
Esta defensa ha añadido además la importancia que tenía para el pueblo tanto la feria como la contratación del grupo musical Requiebros, y que las dietas están todas justificadas.
Con el tema del pago a los voluntarios, la defensa ha puesto el ejemplo de los voluntarios que quitaron chapapote en la crisis del Prestige , y que cobraron esos cheques entre 150 o 200 euros como ayuda por su labor en un momento delicado.
Por último, la defensa ha solicitado al tribunal que en caso de declararles culpables se valore unas atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y de dilaciones indebidas en la causa que parte del año 2011.
Los cargos que le imputa la Fiscalía de Córdoba, cuyo escrito fue publicado por ABC en 2018, están relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del alcalde con cargo al Ayuntamiento, al pago de «voluntarios» sin quedar acreditado que ejercieran labores reales o el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE , entre otros muchos pagos sin control ni justificación.
El Ministerio Público le acusa además de un delito de malversación por realizar también transferencias bancarias directas a sus cuentas particulares tras perder las elecciones.
La Fiscalía en su escrito de calificación de los hechos considera que el exalcalde del PSOE en el periodo que tuvieron lugar los hechos -entre 1999 y 2011- ostentaba las atribuciones previstas para su cargo de «ordenador de gastos y pagos de su Corporación».
Mientras, el acusado F.A.P., en su condición de tesorero de la ELA, tenía las funciones de «manejo, realización de pagos, cobros y organización de la entidad».
Salida de fondos sin justificar
Pese a lo señalado, según el escrito del fiscal, los acusados -el alcalde desde 2006 y el tesorero desde 2007 hasta prácticamente un día antes de que fueron relevados por el nuevo equipo municipal el 11 de junio de 2011- « dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos , no existiendo correlación entre los presupuestos de gastos y los realmente ejecutados.
El alcalde y el tesorero llevaban a cabo gastos sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales , incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (alcalde, tesorero e interventor) y dejando de justificar salidas de fondos municipales».
A la largo de la dilatada instrucción del caso, más de cinco años después la Fiscalía recogía en su escrito de acusación que fueron « múltiples los pagos de facturas sin concepto alguno, sin constancia de éstas, utilizando incluso una tarjeta de crédito a nombre del regidor a cargo de la cuenta de la entidad titularidad del Ayuntamiento sin control alguno», ha reiterado en sus conclusiones el Ministerio Fiscal.
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