Tribunales
La Fiscalía mantiene los 8 años de cárcel para Navarrete por el desfalco en el Consorcio de Córdoba
La defensa culpa al interventor y al presidente del organismo por no haber vigilado las cuentas
La Fiscalía mantuvo ayer la petición de ocho años de prisión para el ex gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Antonio Navarrete , por malversación de caudales públicos entre los años 2000 y 2012. La representante del Minsterio Público elevó a definitivas sus conclusiones ante el tribunal popular que juzga a Navarrete por apropiarse de más de 610.000 euros durante su cargo. Sin embargo, la fiscal modificó la pena solicitada para el contable del ente, al que considera cooperador en el delito de malversación pero con el matiz de «extraño» -esto es que no mantenía relación de amistad o similar con el principal acusado-, por lo que rebaja a su grado inferior la pena de prisión dejándola en 2 años y 5 de inhabilitación absoluta.
La defensa del ex gerente admitió los hechos recogidos en el escrito fiscal -buscando atenuar la pena por confesión y arrepentimiento- pero no en la cantidad de 610.279,47 euros de la que se apropió, según la Fiscalía, sino sólo la cantidad que el Tribunal de Cuentas reconoció en su sentencia contra el ex dirigente: 479.857,20 euros (por prescripción de varias operaciones contables).
La fiscal recordó en su informe definitivo que Navarrete ni siquiera de manera voluntaria devolvió el dinero al que fue condenado por el Tribunal de Cuentas sino que fue en 2016 cuando a petición de la Diputación -gobernada entonces por el PP- se procedió al embargo de su nómina.
El alegato del Ministerio Público en la sesión de ayer arrastró contundentes conclusiones amparadas en las periciales mostradas al jurado popular que enjuicia desde el pasado lunes a estos dos acusados y pidiéndoles que «no crean que el señor Navarrete tuvo una crisis matrimonial durante 12 años, porque puede mentir y eso no esta probado», apostilló.
A la par, aclaró que considera que el contable-tesorero no tenía el acceso a las cuentas y, por ello, al dinero, por eso le aprecian una circunstancia que le atenúa la pena; si bien incidió en que no resulta creíble que éste no supiera nada de lo que estaba ocurriendo durante todo ese tiempo cuando sólo eran tres personas en ese área del Consorcio . La acusación particular, por su parte, representada por la Diputación Provincial, se adhirió al escrito definitivo de la Fiscalía solicitando una pena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación y la devolución de 610.279,47 euros.
Culpa al interventor
Durante la última jornada del juicio , el acusado se sintió indispuesto y tuvo que abandonar la sala, por lo que el juez hizo un receso y le ofreció asistencia médica , que finalmente fue rechazada por el acusado. En el turno de palabra de su defensora, la letrada afeó al tribunal y a la Fiscalía el que pese a que su patrocinado había reconocido los hechos previamente -aunque no se ajustara a las cantidades recogidas en el escrito de acusación de la Fiscalía- no se hubiera llegado a un acuerdo previo al juicio porque cree que «es algo político». Así, acusó al interventor que estaba en ese momento en el Consorcio -que estaba por encima de Navarrete- y tenía obligaciones de «fiscalizar y controlar pero sorprendentemente en diligencias previas sale de la causa». En este sentido, aseguró que «esta parte intentó negociar, pero efectivamente es un tema político». Y que no entendía por qué no se pudo llegar a un acuerdo y por qué el tema político influyó tanto. «Nos vimos obligados a llegar a este momento», declaró la abogada.
La letrada incidió en que la pena debe ser atenuada porque hay «confesión y arrepentimiento». Tampoco entiende que haya malversación como tal porque el dinero del que se apropió su cliente «no lo sacó de los presupuestos sino de la cuenta no presupuestaria». A su juicio, estos más de 600.000 euros que llegaron a través de duplicidad de facturas, horas extraordinarias indebidas y transferencias a su cuenta corriente «no causaron un daño a la entidad, las inversiones no se vieron afectadas; nadie se quejó».
Volviendo a acusar a terceros, la letrada de Antonio Navarrete aseguró que el sistema utilizado para apropiarse de ese dinero público fue muy «sencillo» y «perfectamente podría haberse detectado por el interventor o incluso por el presidente del Consorcio en ese momento, Fernando Expósito ». Del entonces presidente dijo que debería haber estado ante el Tribunal de Cuentas y ahora ante el jurado. Y es que en su informe, la letrada lanzó un último cartucho y espetó al tribunal que «si creían que su patrocinado era un dictador, ¿no había nadie responsable? ¿Ni el interventor, ni el presidente? ¿Es que mi representado les obligaba a darle las claves? Cada uno es responsable de su puesto de trabajo», concluyó. La defesnora sí quiso exculpar al tesorero.
En esta misma idea incidió la defensa del contable , quien recordó que el Tribunal de Cuentas siempre dijo que su representado no tenía responsabilidad en este caso de malversacióni de caudales públicos. En su defensa, dijo que la instancia económica es la antesala de lo Penal, y si allí no estuvo, no se entiende que esté sentado ante este tribunal popular. Se refirió a los y peritos llamados a declarar durante el juicio, que habían ratificado que su representado no tenía acceso al sistema contable, y sólo aparecía Navarrete. Incluso los Servicios Jurídicos de la Diputación , durante la instrucción, mostraron sus dudas. No obstante, la Fiscalía detalló en su informe para pedir un veredicto de culpabilidad para ambos la pericial donde se detalla el «modus operandi». El juicio continúa hoy con la entrega del veredicto al jurado popular.
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