La Fiscalía de Córdoba observa un crecimiento de la prostitución en pisos de la capital

La Fiscalía Provincial de Córdoba alerta en su memoria de 2016 sobre el «importante aumento» de procedimientos incoados en 2016 por delitos de prostitución coactiva -la que se ejerce bajo coacción y no de forma voluntaria-, que han crecido más de un 50 por ciento con respecto al año anterior. Detrás de este fenómeno, según expone el Ministerio Público, está el «el considerable aumento» de prostíbulos instalados en pisos de la capital. Paralelamente, se han reducido los atestados instruidos por inspecciones en clubes de alterne. Según la Fiscalía sólo se aprecian en estos casos infracciones administrativas en materia de extranjería.

En la memoria destaca además la situación de vulnerabilidad por riesgo de sometimiento de trata de dos menores, «hijos de posibles víctimas», cuando el año pasado fueron diez. En ello ha influido, afirma, la nueva regulación de las situaciones de riesgo y de desamparo , entre otros aspectos, pues «claramente desplaza las competencias en materia de riesgo en las entidades locales». Además, apunta que se tuteló a tres menores como víctimas de trata. El único caso que estaba pendiente de resolver en el año 2016 era el de tres menores de Camerún, de las que se daba cuenta en la anterior memoria.

El Ministerio Público denuncia la pasividad de la Administración ante la ausencia de recursos para menores víctimas de trata, sin que llegue a acuerdos de colaboración con entidades especializadas. En el caso de estas tres menores, ingresaron en centros de protección ordinarios a pesar del «requerimiento y advertencias oportunas» de la Fiscalía, que pedía su traslado a centros especializados. Dos de ellas desaparecieron del centro.

Al respecto, precisa que «se incumple con ello» el protocolo marco de las víctimas de trata de seres humanos, entre otras normativas, a lo que agrega que «el Plan integral de lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas 2015-2018 prevé en su punto 94 el traslado a un recurso especializado, incluyendo entre los agentes a las comunidades autónomas».