Tribunales
La Fiscalía de Córdoba mandó al juez los contratos de Infraestructuras con los datos de Asesoría Jurídica
El decreto del Ministerio Público reproduce el grueso de los argumentos de los letrados municipales
La Fiscalía de Córdoba ha apreciado indicios de delito en un paquete de contratos menores realizados por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, los inicialmente denunciados por IU y Podemos , usando el grueso de los datos proporcionados por la investigación de la propia institución municipal. El documento elaborado por la fiscal especializada en delitos económicos sobre el paquete de 42 contratos estudiados es prácticamente un calco de los indicios encontrados por los abogados municipales que elevaron sus conclusiones tras una investigación reservada a la Junta de Gobierno Local y que ésta derivó, a su vez, a la Fiscalía. Se trata de la posición defensiva que, políticamente, puede exhibir el gobierno municipal en el Ayuntamiento. Tanto en el caso de los contratos presuntamente fraccionados como en el de los que están supuestamente inflados, la denuncia también fue municipal.
El documento de los letrados, de 16 folios, no solo confirma las iniciales sospechas de IU y Podemos que hablaban de unos veinte contratos menores. Lo que hace es acrecentar la gravedad de esas acusaciones estableciendo una treintena de contratos de menos de 40.000 euros que se ventilaron invitando a tres empresas a pesar de que podían realizarse de forma coordinada en un contrato de obra mayor o en los que no se siguieron las normas de comprobación previstas en la legislación.
La investigación reservada generó además algunas aclaraciones sobre por qué no se había activado un sistema de transparencia que evitase este tipo de problemas dándole plena publicidad tanto a la obra como al sistema de elección de la empresa contratista. El Ayuntamiento de Córdoba aprobó un procedimiento que obligaba a publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público todas las actuaciones que fuesen superiores a 3.000 euros. Todas las que no se pueden ventilar con una mera factura. Lo que aseguran los abogados es que el procesos para colgar la información -en la que están ayuntamientos con muchísimo menos personal que el de Córdoba- obligaba a dar unos cursos de formación y que esas iniciativas se paralizaron por el Covid. La instrucción interna quedó en suspenso .
Los abogados municipales hicieron también un trabajo bastante prolijo de establecer la cadena de mando . Su indagación reservada permitió conocer desde primera hora quién tocó cada expediente descubriendo, por ejemplo, que se encomendaban contratos a la unidad de alumbrado de colegios y edificios que se tenían que desarrollar en la unidad de alumbrado público general.
IU y Podemos habían apuntado directamente la posible comisión de un delito de falsedad documental al hallar actuaciones que se habían certificado sin que estuviese la obra acabada. El trabajo de los letrados de la Asesoría Jurídica le puso el peine fino a esta forma de proceder. Se encontraron una gran cantidad de procedimientos que estaban certificados cuando el funcionario en cuestión estaba de vacaciones. La alegación presentada por el empleado público explicaba que se dejaba la documentación preparada con la confianza de que la empresa terminaría los trabajos en un periodo de terminado.
El informe de los abogados municipales ya explica que esa forma de proceder no es posible . La tesis de los letrados del Consistorio no difiere de la realizada en su día por IU aunque con una sistematización de la información: se simularon una serie de actas de recepción de la obra. Este es el documento en el que el responsable de un contrato municipal certifica que todo está bien y que la empresa contratista puede presentar la factura al cobro. Mientras antes se firma, antes se paga la obra realizada .
Una de las claves del informe de la Asesoría Jurídica se encuentra en lo que aún no se ha hecho y que no forma parte de las investigaciones penales. Hasta ahora, todo el mundo ha hablado de contratos que tienen un monto de 3.000 a 40.000 euros en total. Pero buena parte de los trabajos municipales se hacen por 3.000 euros o algo menos. La cantidad es «ingente», explicaron los letrados municipales, que consideraron necesario que se realice una auditoría completa por parte de la Intervención .
Por el momento, nadie ha sido llamado a declarar por ninguna de las dos denuncias en marcha. Es muy probable que todo acabe en una sola pieza dado que son hechos conexos y nombres comunes. Las únicas personas inicialmente señaladas por la Fiscalía son el funcionario responsable de la mayor parte de los contratos señalados y la coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, que es un cargo de confianza de Ciudadanos en el Consistorio.
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