El fiscal solicita 81 años de cárcel para un macrocaso de fraude a la Seguridad Social en Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha pedido a la Audiencia Provincial un total de 81 años de prisión y la devolució de una gran cantidad de dinero en ayudas en el primer gran juicio que tendrá que organizarse por presunto fraude organizado a la Seguridad Social .

Tan presuntamente organizado llegó a ser que el fiscal del caso establece las penas para las 83 personas que tendrán que hacerse sitio en el banquillo de los acusados por la situación que se resume, básicamente, en la adquisición de derechos sociales falsos con el objetivo de acceder a las ayudas que arbitra el estado del bienestar. Varios de los procesados, incluido el cabecilla de la trama -un conocido asesor fiscal de Córdoba- se encuentran en busca y captura.

El documento de la Fiscalía establece distintos niveles de responsabilidad de la trama que se dedicaba, presuntamente, a la creación de empresas ficticias sin actividad real de forma que terceros pagaban por aparecer como contratados en ellas y tener derecho a subsidios. En el primer nivel se encuentra el cabecilla de la trama -que responde a las iniciales de R. E. G.- y al que se le piden seis años de prisión más distintas multas y penas accesorias por organizar el entramado de empresas.

En segunda instancia , se encuentran los siete administradores de las empresas ficticias a los que se le piden tres años de prisión a cada uno por ser los responsables legales de estas sociedades mercantiles.

En última instancia, se encuentran los beneficiarios . Los 36 que pasaron más tiempo «contratados» por las distintas empresas, el fiscal les pide una pena de un año y dos meses de prisión cada uno.

Para el resto, 38 personas , el Ministerio Público reclama cuatro meses y quince días de prisión con penas accesorias como la devolución de los subsidios obtenidos más las multas correspondientes. La suma total supera los 81 años de cárcel aunque hay que recordar que toda pena que no supera los dos años de prisión -siempre que no existen antecedentes penales- no implica el ingreso en un centro penitenciario.