El fino Anguita es champán

El problema de los partidos pequeños , de los muy muy pequeños, es que dicen cosas razonables y no siempre se le hace el caso debido. Es lo que ha ocurrido esta misma semana con Unión Cordobesa, cuyo pasado reciente está lastrando la hiperactividad de su único concejal en el Pleno, Rafael Serrano . UCOR ha intentando abrir esta semana un debate interesante que la clase política cordobesa ha intentando eludir todo lo posible. En el gobierno, porque conviene. En la oposición, por si alguna vez se gobierna. ¿A qué precio estamos pagando el agua?, se ha preguntado el único grupo unipersonal del Ayuntamiento de Córdoba .

Serrano ha realizado un ejercicio interesante. Ha puesto en la misma línea del folio elementos relevantes de las cuentas previstas y reales de Emacsa desde 2013 hasta ahora . Les transmito los datos recabados por el edil. Para ese año fiscal, la empresa de aguas calculó un beneficio previsto de 684.011 euros. Cerró el ejercicio con la friolera de 9,2 millones. Hay que multiplicar por catorce la cantidad prevista sobre la realmente obtenida.

En 2014, la previsión de beneficios ascendió a 1,3 millones de euros cuando la realidad contable fue la siguiente: 8.750.286 euros. Es decir, hay que multiplicar por 6,3 la cantidad inicial para llegar a la plusvalía definitiva. Por si a alguiente le interesa cómo va 2015 , lo previsto es 1,39 millones y el real —a lo que llevamos de año— asciende a seis millones de euros. UCOR ha detectado que las cuentas de Emacsa tienen inflados sistemáticamente los gastos presupuestarios. Es decir, se prevén entre siete y ocho millones de gasto de lo que realmente se necesita. La única manera de nivelar unas salidas infladas es unos ingresos más altos de lo normal vía un precio hinchado del agua.

Antes que nada, hay que explicar que Emacsa es una muy buena empresa pública de aguas . De hecho, existe un consenso general en Córdoba de que lo mejor que se ha hecho por los sucesivos gobiernos desde el tardofranquismo es invertir en agua y tener buenos profesionales en un sector donde los intereses privados son enormes. Pese a que ha habido estudios en serio de privatización — Rafael Merino, por ejemplo, lo sopesó —, la realidad es que nunca se podrá cobrar lo que Emacsa vale. Una empresa monopolística saneada, que da (muchos) beneficios incluso en un entorno de crisis y que ofrece un servicio de calidad al ciudadano. A cambio, todo se paga.

La cuestión es cuánto pagar por el agua dado que el precio no tiene que ver con los costes, la oferta y la demanda . En Córdoba, se optó de forma tradicional por establecer una tarifa alta con la que financiar infraestructuras, lo que la sabiduría popular cordobesa llamaba «Fino Anguita». Pero si los beneficios reales pueden ser catorce veces los estimados, algo no funciona exactamente bien de cara a los derechos del consumidor. Emacsa es una sociedad mercantil y su único accionista, el Consistorio , está cobrando beneficios. En 2012, de los 7,6 millones de plusvalía, 1,9 millones fueron a parar al presupuesto municipal y el resto, a reservas. El Ayuntamiento retiró cuatro millones de lo que se sacó limpio en 2013. ¿ Van pillando la mecánica?

Existe un debate formal sobre cómo debe ser el precio del agua , si una tasa pública (ajustada estrictamente a los costes) o un precio privado (como es ahora, donde existe mayor libertad), instado por las razones equivocadas: una supuesta garantía de la propiedad pública. También se analiza cuánto deben pagar las personas con menos recursos con la fácil salida de la gratuidad que cualquier economista con cabeza sabe qué efectos tiene. Nadie ha abierto el melón real: cuál es el precio justo por el agua que permita un servicio de calidad sin incurrir en triquiñuelas.

Los datos recabados muestran que lo que existe en Córdoba es un impuesto encubierto sobre el consumo de agua . Si de lo que se trata es de generar ingresos tributarios para otros fines (como reducir el déficit) gracias a Emacsa, debería decirse claramente: con qué sistema, para qué fines o bajo qué rendición de cuentas. Pero sostener indefinidamente alto el precio de un servicio básico y callarse es meterle la mano por la cara en la cartera a los cordobeses.