La falta de personal puede abocar a la Policía Local de Córdoba y a los bomberos a disminuir sus servicios

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS), dependientes del Ayuntamiento de Córdoba , podrían dejar de prestar determinados servicios en dos años como consecuencia de la falta de efectivos que sufren ambos cuerpos. Así lo alertó ayer el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), que no especificó cuáles serían los servicios afectados pero avanzó que la situación actual de personal es ya «insostenible» e irá a peor con las jubilaciones que se van a producir en los próximos ejercicios.

En concreto, según los cálculos de Aumente, el cuerpo de bomberos perderá en los siguientes dos años a 31 profesionales . Este año está previsto que se jubilen 19 bomberos y en 2018 lo harán otros 12, con lo que la plantilla pasará de los 158 efectivos con los que cuenta en la actualidad a 127. Con estos números, explicó Aumente, será muy difícil mantener los dos parques de bomberos que tiene el Ayuntamiento actualmente, y el área de Seguridad tendrá que plantearse si echar el cierre al parque del Polígono del Granadal y mantener en funcionamiento sólo el de la Avenida de los Custodios.

La situación es igual de nefasta en la Policía Local , un cuerpo en el que la edad media de los efectivos supera los 50 años y que se enfrenta además a una nueva amenaza: el posible adelanto de la edad de jubilación para los agentes de policía. Según Aumente, la plantilla mermará en 73 personas en los próximos dos años, pasando de los 393 policías locales que prestan servicio en la actualidad a sólo 322. El año que viene se jubilarán 56 personas y sólo se han convocado 14 nuevas plazas que entrarán al cuerpo en 2018. Las cuentas no salen, sobre todo si se tiene en cuenta que Córdoba ya tiene una tasa de agentes por número de habitantes que se encuentra muy por debajo de lo recomendado. Según Aumente, harían falta al menos un centenar más de policías para cubrir el servicio con todas las garantías.

Hasta ahora, esta situación, que el delegado de Seguridad considera verdaderamente «peligrosa», se está solventando con la voluntariedad de los trabajadores que hacen horas extras a cambio de pluses de productividad, pero esto no es una solución ni una vía sostenible. Aumente explicó que las limitaciones que el Gobierno central pone a las administraciones locales en materia de contratación no permiten lanzar una oferta pública de empleo capaz de cubrir todas las carencias de los servicios municipales, e instó al Ejecutivo a cambiar la legislación de modo que servicios ligados a la Seguridad no computen en la Ley de Presupuestos ni en la regla de gasto. «No se pueden poner cotos en materia de seguridad», apostilló.