CONSUMO
Facua denuncia que la Junta de Andalucía no ha paralizado las cuotas financiadas de iDental
La Administración ofrece a los afectados valoración gratuita por dentistas colegiados y el SAS
El presidente de la Federación de Consumidores Facua en Córdoba , Francisco Matínez Claus , denunció ayer a ABC que los protocolos que la Junta de Andalucía estableció con las distintas financieras para mitigar la macroestafa de iDental no han servido. Y lo más grave, a juicio de Facua, es que «tampoco con ese incumplimiento se va a poder hacer nada, porque se desconoce de qué forma la Junta garantizó el acuerdo».
Según Facua , son cada vez más los afectados que aparecen como morosos por las financieras «sin ser una deuda cierta, vencida, exigible y con un procedimiento administrativo abierto por el que no se pueden incluir en registro de morosos».
La Administración autonómica, dentro de su protocolo y de su publicidad, «que no deja de ser un poco engañosa», según Facua , aseguró que había cerrado un acuerdo entre las financieras para que éstas no reclamaran la deuda a ningún afectado y mucho menos a incluirlos en un registro de morosos. «Todo lo contrario a lo que está ocurriendo», reiteró el presidente.
Desde Facua Córdoba «se tramitan varias denuncias ante la Agencia de Protección de Datos para sacar a los afectados del registro de morosos». A partir de aquí la Agencia de Protección de Datos podría detectar una irregularidad que fuera motivo de algún tipo de expediente sancionador.
La Junta hizo público ayer un protocolo tras el cierre de las clínicas de la cadena iDental ante las quejas de los afectados. En la página de Consumo de la Junta se recoge el «mecanismo de coordinación que permita valorar el estado en el que se encuentra el tratamiento que las personas afectadas por este cierre debían realizarse». Se llevará a cabo de manera gratuita por odontólogos y estomatólogos facilitados por los colegios profesionales.
Una plataforma de afectados por iDental en Córdoba denunció a las instituciones públicas porque dijeron que «tienen que controlar todos estos nuevos negocios que son fraudulenteos y que ponen el cebo en quienes no tienen poder adquisitivo».
El hecho de que sea la Audiencia Provincial quien se ha hecho cargo de esta presunta macroestafa tranquiliza a estos afectados pero saben que el proceso durará años. Ahora el frente está en «los contratos vinculados a un servicio que no se ha dado, y aún así nos meten en el registro de morosos», apostillan. En Córdoba se estima que hay unos 14.000 afectados, la segunda provincia más afectada después de Sevilla con 29.000 afectados.
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