Memoria Histórica

La estantería de la vergüenza

65 personas, todas con nombre. De una fosa común a una caja de cartón etiquetada durante cinco años. Y aún dicen que todo está en orden, que se hizo correctamente. Tiene narices la cosa

El alcalde y el responsdable del cementerio de Castro, frente a los restos de 65 personas S. N.

Rafael Ruiz

Sencillamente, no entiendo qué problema puede tener nadie con la reparación básica de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión subsiguiente. En concreto, qué dilema moral puede presentarse con que se le devuelvan a sus deudos los restos mortales de los asesinados que se encuentren en fosas comunes para que obren como consideren oportuno. Sobre todo, en un momento en que empiezan a faltar los hijos de las víctimas y los testigos directos de los hechos. Por eso no se acaba de entender que se diga que « todo está en orden » cuando los huesos de 65 personas, todo lo clasificados que se quiera, han estado apilados en cajas de cartón durante cinco años como consecuencia de que no se pudo, no se supo o no se quiso realizar una tarea de identificación. Una entidad afín al PSOE presidida entonces por la actual concejala de Cultura, Mar Téllez , abrió la fosa con una escuela taller y una subvención de medio millón de euros. Entre duras críticas, por cierto, de que se estaba realizando la excavación sin las cautelas necesarias.

El examen del ADN no es posible , se le dijo a las familias, porque las fosas son un agujero en la tierra y ésta daña la información genética de los cadáveres. Justo en 2010, en el municipio de Aguilar de la Frontera, se abrió la primera fosa común de la guerra y la posguerra donde se cruzaron los perfiles genéticos de las personas vivas con los restos óseos hallados. En agosto de ese año, se celebró en el cementerio de la localidad el sepelio de Antonio Manuel Palma Moreno , campesino, quien fue asesinado cuando contaba con 34 años de edad. Fue identificado por los análisis comparativos realizados entre la población y los restos de la fosa que excavó la entidad Aremehisa con dinero otorgado por el Ministerio de la Presidencia. Ya sé que no es un asunto para hacer bromas pero se ve que la arena de Aguilar de la Frontera corroe menos el ADN que la de Castro del Río. O es que al municipio de Castro llegan las novedades en materia científica más lentamente.

Recientemente, la Junta ha anunciado nuevas aperturas como la de una fosa común en Obejo a propuesta de la familia de José Luna Cartán, un guerrillero antifranquista abatido en 1949. La primera fase, según Cultura, ha consistido en la recogida en el municipio de muestras para futuras comparaciones. Aremehisa ha iniciado también otras actuaciones como la de una fosa en Guadalcázar donde se pretenden localizar los restos de siete miembros de una misma familia para devolver los cuerpos a sus seres queridos. Es decir, existen protocolos suficientes para que las cosas se hagan con el rigor necesario. Para que la apertura de un enterramiento cumpla su objetivo definitivo, que no es otro que entregar a las familias lo que en justicia les pertenece.

Desde 2009 existe una directriz oficial que dice cómo han de hacerse las cosas en la comunidad de Andalucía. Perseguir la identificación de los cadáveres no es una opción. La norma obliga, al menos, a intentarlo con los mecanismos que disponga la ciencia en cada momento. La primera vez que se identificó en España un cadáver exhumado de una fosa común fue en mayo de 2003. Se utilizó la técnica del ADN mitocondrial . Eran los restos mortales de Emilio Silva Faba, un militante del partido del presidente Azaña -Izquierda Repúblicana- asesinado cerca de Villafranca del Bierzo. Desde entonces, se imagina uno que se han producido avances en este campo de la ciencia.

Esta es una cuestión de sentimientos. No se debe levantar una piedra si no existe un plan claramente marcado que persiga -ya no digo que consiga sino que lo intente- la identificación de las víctimas, si no hay un equipo de profesionales contrastados. La memoria no puede ser objeto de subvenciones de este tipo sin control técnico, de casos como el de Castro del Río, donde las familias reclaman desde hace años una respuesta justa a sus justas demandas. Si las fosas dan vergüenza, no menos sonrojo provoca conocer la pasividad oficial , la complicidad política, que ha llevado a 65 personas de un enterramiento común a una estantería no menos comunitaria. Pero, tranquilos, que todo está en orden.

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