¿Por qué están sin devolver en un juzgado de Córdoba 3 millones por cobros indebidos de Gas Natural?

Andrés espera en el pasillo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba a ser atendido para reclamar los 65,89 euros cobrados indebidamente por Gas Natural de acuerdo al auto dictado por la Audiencia Provincial de Córdoba el 22 de diciembre de 2014. Y no es el único. Tras la sentencia y más de una docena de recursos, la compañía de gas se vio obligada por sentencia firme a consignar casi 11 millones de euros para hacer frente a estas devoluciones, de los que aún quedan tres millones .

La compañía de Gas Natural presentó un listado de los clientes a la Fiscalía que la energética estimaba como «perjudicados», de unos 150.000 clientes . Después de ponerse en contacto con los afectados, mediante un email, la compañía explicaba que sería gestionado el cobro por una asociación de consumidores de Jaén. Sin embargo, uno de cada cuatro consumidores afectados en Andalucía no ha recibido ni reclamado aún su dinero y deben acudir al juzgado .

En Andalucía es el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba el que se encarga de ejecutar la sentencia y atender a los usuarios, orientándoles sobre qué documentación tienen que presentar. Uno de estos usuarios afectados asegura a ABC que la documentación que le han solicitado ha sido el DNI , un número de cuenta bancaria que quede acreditado que es de su titularidad y una factura del gas. Según las estimaciones que se hicieron al publicarse la sentencia firme sobre estos cobros indebidos, éstos ascendían a más de 11 millones de euros en Andalucía.

De otro lado, a los clientes de Gas Natural afectados que lo siguen siendo , la compañía les habría abonado la cuota que se les había cobrado « a través de la factura , de los derechos de alta y canon de Instalaciones Receptoras Comunitarias , cobrados con anterioridad a la regulación de ambos conceptos, en 2004 y 2005 respectivamente». En Córdoba, los afectados podrían rondar los 26.700 , según estimó la compañía. Hay que recordar que esta compañía fue condenada en 2003 a reintegrar a sus clientes ese montante que percibió entre 1996 y 2004 por la cuota de alta y por un canon de mantenimiento . Eran tarifas que hasta ese año no habían sido aprobadas administrativamente por la Junta y que el magistrado consideró abusivas y nulas.