APUNTES AL MARGEN
Qué escándalo, aquí se juega
La consejera de Igualdad ha dicho que quiere militantes de su partido como delegados. Qué horror más grande
A la consejera de Igualdad de la Junta, Rocío Ruiz , le están dando de lo lindo durante un ciclo de noticias -la forma moderna para describir a la farfolla de corto alcance - por asegurar durante un encuentro de su partido, Ciudadanos , que prefería poner a cargo de las delegaciones territoriales de la Junta a personas que fuesen militantes del partido y no a funcionarios. Qué escándalo, aquí se juega, podríamos decir emulando al capitán Renault de «Casablanca» teniendo en cuenta que los delegados territoriales de la Junta son cargos de confianza y voces del Gobierno en sus respectivas demarcaciones.
En el Ejecutivo de la Junta había un debate sobre la situación del organigrama heredado de la reforma Griñán, que había fusionado la estructura territorial en las provincias andaluzas porque entendía que los delegados eran figuras prescindibles. El entonces presidente no ocultaba su disgusto por unos nombramientos que tenía que acordar con su partido, el PSOE, y que ni siquiera podía destituir a su antojo sin pelearse antes con veinte personas distintas. Demasiado para un presidente que siempre tenía la sensación de llevar razón.
La situación heredada ha sido la de una estructura periférica enjuta y caótica que ha dado lugar a situaciones tan absurdas como que Córdoba y Huelva tengan un mismo reparto de carteras fusionadas a pesar de que Medio Ambiente es fundamental en la provincia onubense y Cultura es capital para los municipios cordobeses por el impacto patrimonial. Ese jacobinismo de la Junta de a tanto el kilo sigue existiendo.
La organización periférica de la Junta nunca fue asunto pacífico. El primer Estatuto hacía descansar la representación territorial sobre las diputaciones, entes fundacionales de la autonomía. El PSOE decidió que donde comen seis, lo hacen ciento. Así, duplicó el organigrama controlando diputaciones y creando además muchas delegaciones provinciales. De añadidura, generó una estructura donde es difícil separar quién es político, quién funcionario y quién cargo de confianza que el PP y Cs se han tragado doblada como señores.
La consejera ha cometido el error de la sinceridad . Lo habitual con este Gobierno andaluz y con todos es que existan personas designadas para la interlocución política con su entorno: desde alcaldes hasta asociaciones de vecinos. Eso solo puede hacerlo quien habla en nombre de un gabinete, dotado de una autoridad representativa. Cosa distinta y censurable es pedir el carné en el registro de entrada, vincular el ascenso funcionarial, la cobertura de puestos de especialidad técnica o la posibilidad misma de un empleo público a la militancia. Tan de locos es el asunto que quien ha nombrado a militantes como delegados de su estructura provincial ande pidiendo explicaciones.
La exigencia del funcionariado es hipócrita. Sólo se reclamó en las Subdelegaciones del Gobierno central -con la disparatada abolición de los gobiernos civiles- por la presión de Jordi Pujol sobre José María Aznar en el pacto del Majestic. A día de hoy, los subdelegados del Gobierno son funcionarios y, además, militantes del partido que gobierna. Gatopardismo puro.
La clave de bóveda, aparte de la pajarraca interna de Cs (con esa pinta de UCD en desintegración que se le está poniendo), es que pareciese que la actividad política se hace sola. Y que una estructura como la Junta, que tiene un ámbito de 87.500 kilómetros cuadrados y una población de 8,4 millones , no debe contar con interlocutores acreditados fuera de la nueva Roma autonómica para reunirse con organizaciones y ciudadanos o intentar que la gestión sea cercana. ¿Funcionarios en esos cargos? ¿Han bebido a estas horas? ¿Saben acaso el parche que están diciendo?
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