La entrada en vigor de la contratación electrónica coge al cogobierno de Córdoba fuera de juego

El grupo popular del Ayuntamiento de Córdoba advirtió ayer de que el equipo de gobierno no ha tomado ni una sola decisión con el objetivo de implementar la nueva ley de contratos del sector público que empezó a aplicarse ayer mismo tras un periodo transitorio de varios meses desde que salió de las Cortes Generales. El portavoz municipal del PP, José María Bellido , avisó de que se está produciendo una situación grave en un departamento, el que realiza los contratos , que ha sido señalado por la propia alcaldesa como uno de los puntos municipales que más está fallando en la actual corporación.

La situación actual ha llegado a que se eternicen los proyectos de inversión y los contratos externos necesarios para el funcionamiento de la institución. Un ejemplo, tras seis años de vigencia, el Consistorio ha puesto en marcha deprisa y corriendo la selección de la empresa que le tiene que facilitar todos los servicios de telefonía tanto de voz como de datos, fijos y móviles. El contrato actual termina en abril y se inició el proceso apenas un mes y medio antes. Es materiamente imposible que se concluya en las fechas indicadas.

El PP ha asegurado que el Consistorio no se ha dotado de ninguno de los protocolos tecnológicos necesarios para que los nuevos requisitos que se establecen en la legislación salgan adelante. Bellido explicó que sigue sin existir un desarrollo concreto para la transparencia de los contratos al haberse eliminado la publicidad específica de muchos de los menores. Tampoco se ha efectuado una inversión para disponer de una herramienta informática que permita las notificaciones electrónicas obligatorias de cada uno de los pasos del procedimiento administrativo.

Bellido explicó también que la legislación propiciada por el Partido Popular permite una apuesta mucho más amplia que la desarrollada hasta el momento para incluir cuestiones ambientales y sociales como mejoras en los contratos. Entre ellas, iniciativas que mejoren la situación laboral de la mujer o de colectivos muy castigados, como los discapacitados.