Por encima del vertedero incendiado en Córdoba

Decíamos el domingo pasado que resultaba extraño que a la Junta de Andalucía , tan locuaz cuando quiere, fuese tan parca en palabras en el asunto del vertedero que ardió hace dos semanas. Al fin, el responsable territorial de Medio Ambiente , Francisco de Paula Algar , ha realizado una comparecencia en la que se le ha podido preguntar, largo y tendido, sobre el tema en cuestión con las consecuencias que se han podido leer en todos los medios de comunicación interesados sobre el asunto. La conclusión es que hay demasiadas cosas que no se saben, lo cual es verdaderamente extraño teniendo en cuenta lo sensible del caso. No se trata de un tema menor, superficial. Es un vertedero muy grande que ha ardido de forma muy aparatosa y que se encuentra regulado por una amplísima normativa que, en teoría, permite tener respuestas para todas las preguntas gracias a la potestad administrativa que da la ley y que obliga -no invita ni aconseja- a un control constante de instalaciones de estas características.

Esto ya no va del vertedero sino de la capacidad que tiene la Administración de aplicar las normas que se aprueban para garantizar que las cosas se hacen como se deben hacer cuando se trabaja con materiales sensibles. Este no es el caso de una tienda de comestibles ni de una pollería. Se entiende, por tanto, que determinadas instalaciones han de contar con una vigilancia mucho más exigente precisamente por la actividad que desarrollan. Que aquellas cuestiones que se prescriben en las autorizaciones y licencias no forman parte de un trabajo casual de las instituciones correspondientes sino de un seguimiento severo, acorde con lo que se tiene entre manos. A las pruebas hay que remitirse de las cosas que pueden pasar cuando no se está encima.

La aseveración del responsable de Medio Ambiente de que su departamento no es responsable de que la prevención de accidentes graves o de que se exijan medidas contra el fuego en instalaciones que arden (141 desde 2012, según un artículo reciente de un ecologista de larga tradición como Pepe Larios ) es preocupante. Que la persona que tiene que saber de estas cosas diga que no tiene una idea cierta de quién es la institución que ha de velar por esta cuestión tan sensible da directamente pavor. Decir que el departamento ambiental de la Junta se hace cargo de la prevención para que no existan vertidos pero no para otro tipo de accidentes suena a rollo, cierto, pero la clave es que la dispersión de competencias ayuda, y de qué modo, a quien quiere ahuecar el ala.

El papelón en el Ayuntamiento promete ser de consideración. Pasados los primeros momentos de justo enfado, resulta que la institución municipal tenía datos concretos, al menos desde hace dos años, de que las cosas no estaban como debían. Según ha explicado la Gerencia Municipal de Urbanismo , las instalaciones disponían de permiso de actividad que nunca fue adaptado a los sucesivos crecimientos que se realizaron en las instalaciones, por ejemplo, en 2013.

No fue hasta 2015 cuando la Policía Local visitó el complejo y puso la denuncia correspondiente que, como suele pasar en estas cosas, debe estar cogiendo polvo en algún archivador. No existe constancia de que nadie moviese un papel, de que se interesase por qué era aquello. Que del boletín de denuncia de los agentes de la Línea Verde se derivase, al menos, una actividad constructiva para instar la regularización de las instalaciones y hacerlas cumplir con todos los estándares. O, en su caso, tomar las determinaciones correspondientes.

Es la nada, la inacción, lo que verdaderamente preocupa. La falta de información de quien ha de tenerla. En manos de quién estamos, efectivamente.