AYUNTAMIENTO

Las empleadas de ayuda a domicilio tendrán que aprobar oposiciones para ser plantilla municipal

La flexibilización pactada por PP y PSOE sigue sin permitir la subrogación directa de los contratos

Una trabajadora de ayuda a domicilio con una anciana en Córdoba VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZ

La plantilla de la empresa que desarrolla la ayuda a domicilio no podrá entrar en la estructura municipal por un proceso directo de subrogación como han planteado los grupos municipales de Izquierda Unida o Ganemos, sino que precisará de una oposición pública .

De este modo, la redacción final de los Presupuestos Generales del Estado pactada entre el Partido Popular y el PSOE flexibiliza la prohibición del proyecto de ley pero de una manera que no aporta nada sustancial al caso de las trabajadores de la adjudicataria del servicio.

De hecho, PP y PSOE han pactado cambios en el proyecto de ley que siguen sin contemplar el cambio de una empresa privada a una entidad pública salvo cuando exista el supuesto concreto de una sentencia judicial que así lo ordene.

El texto de la enmienda transaccional acordada permite la posibilidad de que el personal de actividades municipalizadas pase a formar parte de «sociedades mercantiles públicas» pero siempre, con carácter previo, habría que arbitrar un procedimiento «que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». Solamente quedaría fuera de esas oposiciones todas aquellas personas que tuvieran una sentencia judicial que les ordena entrar en ese nuevo ente público.

Ese texto deja fuera de la legalidad los planes de la creación de una entidad que permitiese la entrada directa de las personas que están trabajando en la actual contrata municipal, que es la tesis sostenida por los partidos de izquierda. La enmienda pactada entre PP y PSOE sí permite que esas eventuales contrataciones no afecten al resto de oposiciones que se generan en una institución. Técnicamente, no computarán para la tasa de reposición .

En pocas palabras, el gobierno municipal no puede garantizar a las trabajadores de la ayuda a domicilio que las vaya a contratar en el nuevo ente público sin estar vulnerando la ley. El cambio sí afecta a todas aquellos empleados laborales de fundaciones y consorcios públicos. Podrán pasar sin problemas a ser laborales fijos de las entidades matrices cuando hayan superado un procedimiento que respete el mérito, la capacidad y la publicidad.

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