Educación
Acoso escolar | Ocho expedientes penales abiertos por la Fiscalía de Córdoba, ninguno acaba en juicio
La mayoría de estos asuntos se resuelve en la Fiscalía de Menores con conformidades y medidas adaptadas a cada caso
Los delitos por acoso escolar o ciberbullying suman ya en lo que va de año ocho expedientes incoados por la Fiscalía de Menores en Córdoba , una cifra que se asemeja a los 5 casos registrados en 2020 teniendo en cuenta los meses de confinamiento domiciliario por la pandemia. Están muy lejos de los 33 casos registrados en 2017.
En el curso pasado, la cifra de expedientes abiertos por la Consejería de Educación disminuyó respecto al anterior. En el ejercicio 2020/2021. En Primaria fueron dos, ambos de alumnas, frente a los siete, otras vez de alumnas, del curso 2019/2020.
En Secundaria hubo 9 protocolos , 3 de alumnos y 6 de alumnas, mientras que el año anterior habían sido 16 (7 de alumnos y 9 de alumnas), según las cifras de la Delegación de Educación en Córdoba.
Investigar un caso de ‘bullying’ no es fácil, aseguraban fuentes de la Fiscalía de Menores a ABC. Es complicado probar que el niño no recibió un insulto aislado, o que el resto de niños sabían que otro sí le insultaba.
La mayoría de estos asuntos se resuelve en la Fiscalía de Menores con conformidades y medidas adaptadas a cada caso, y la colaboración de padres y centros educativos. En el último año ninguno precisó llegar a juicio, confirmó a ABC el juez de Menores de Córdoba, Luis Rabasa.
La Memoria de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía recoge la necesidad de que la violencia escolar o acoso escolar, como viene siendo habitual en años anteriores, se concrete como delito bajo esa nomenclatura.
La Fiscalía de Menores destaca «la dificultad en la elaboración de la estadística respecto al desglose de los expedientes y diligencias seguidas por acoso escolar al no aparecer reflejado en los casilleros de estadística». Un extremo que el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón reconoció a ABC, recordando que la mayoría de estos delitos se engloban bajo el epígrafe «delitos contra la indemnidad moral».
La Fiscalía Superior recoge que del estudio de estos casos se desprende que en general las denuncias se interponen por los padres o madres de los menores presuntamente maltratados , si bien en algunos casos también se interponen por los centros educativos.
Este organismo especializado lleva años haciendo hincapié en la importancia de las soluciones extrajudiciales como resolución del problema, así como la importancia de la colaboración y cooperación entre las Fiscalías, las instituciones sociales y educativas, en la lucha contra este tipo de delitos.
Noticias relacionadas
