Tribunales
Dos edredones de Ikea: lo que facturó el acusado en el fraude de los cursos de formación en busca y captura
La causa ha dictado sentencia para todos los procesados excepto uno, en rebeldía procesal y pendiente de juicio: la Fiscalía pide para él tres años de prisión y multa de 300.000 euros
Las penas están ya impuestas y, en la mayoría de los casos, con la conformidad de las partes. El fraude millonario de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en 2010-2011 se ha saldado con la condena de todos los acusados . Todos, excepto uno: M.A.F.D., que se encuentra en busca y captura tras ser declarado en rebeldía procesal.
Este inculpado es, junto a M.M.F. (condenado a un año y ocho meses de cárcel), el único al que se acusa de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308.1 (al resto se les considera autores de otro continuado de falsedad en documento público). Por ello, la pena que solicita el Ministerio Público para él es de t res años de prisión y multa de 300.000 euros , con un día de privación privativa de libertad por cada 1.000 euros no satisfechos e inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de cuatro años.
Las presuntas irregularidades cometidas por este empresario, según el letrado de la Junta de Andalucía, son variopintas: no estaba dado de alta como autónomo, presentó facturas de entidades colaboradoras con las que no se había firmado convenio y hasta llegó a facturar artículos que no tenían nada que ver con los cursos, como dos edredones de Ikea.
Descontrol
Todo comenzó con la solicitud de ayudas para dos cursos de Formación Profesional para el empleo con compromiso de contratación que organizaba el propio procesado como empresario autónomo.
En concreto, el acusado obtuvo una subvención por importe de 200.445 euros para la realización de un curso de cocina y otro de cocinero/a de restaurante o bar.
En primer lugar, según reza en el escrito, «el acusado no estaba dado de alta en la Seguridad Social como empresario autónomo ni por ningún otro concepto ni a la fecha de presentación de la solicitud de la subvención, ni a la firma del convenio de colaboración en el que se formalizó la concesión de aquella». De hecho, formalizó el alta incluso con posterioridad a la fecha de inicio de los dos cursos.
A los cursos se presentaron 34 candidados , de los que 33 fueron admitidos. «Las irregularidades fueron múltiples. Al menos cuatro alumnos carecía de la titulación mínima ; uno de ellos presentó la solicitud fuera de plazo y aún así entró; otro la llevó el 28 de agosto de 2010, cuando el plazo se inició el 1 de octubre», expone el escrito de la acusación particular. Además, para cuadrar el número de asistentes a cada curso, fueron trasladados tres alumnos de uno a otro.
En cuanto a la facturación, «las irregularidades también fueron numerosas». Así, se facturaron artículos que no tendrían ninguna relación con los cursos , como dos edredones de Ikea; otros no consta que se adquiriesen en realidad (como cuatro mesas de cocina especiales, un aparador para cubiertos y un horno para pizzas).
Facturas de otro curso
También destaca la aportación de pagos en relación material informático correspondiente a otro curso celebrado en Málaga; la presentación de facturas (por 10.000 y 30.000 euros) de entidades colaboradoras con las que no se había firmado convenio; y no se declararon fiscalmente otras emitidas por el profesor del curso de cocina (7.791, 15.540 y 14.433 euros), respecto del cual, además, se repercutieron las cuotas de la Seguridad Social , a pesar de que el citado era autónomo. Tampoco se declararon las facturas de la administrativa del curso (3.500 euros).
«El compromiso de contratación solo se cumplió con un alumno de nueves exigidos en el curso de cocina, y tres de nueve en el de camarero», apunta la calificación de hechos del a Junta.
Tras su procesamiento, M.M.F. no compareció a la vista oral, que se celebró el pasado mes de junio, por lo que la togada encargada de la causa, la jueza del Penal número cuatro, lo declaró en rebeldía procesal y queda pendiente la celebración del juicio oral.
Según ha podido saber este periódico, el encausado, natural de Antequera, no se ha puesto ni siquiera en contacto con su letrada y es muy probable que se encuentre en un país sudamericano.
Junto a las penas de prisión y multa que solicita la Fiscalía, también se pide que M.M.F. abone el importe íntegro de la subvenciones obtenidas de forma fraudulenta por 200.445 euros.
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