¿Dónde celebrar un juicio más grande que Malaya?

Los juzgados de Córdoba se enfrentan a la vista oral más grande de su historia, más aún que el caso Malaya para hacerse una idea. Y no tiene espacio. La «Operación Fénix» es el proceso más voluminoso que se recuerda con más de 180 tomos en los que se imputan a 90 personas por delitos contra la Hacienda Pública por impago del IVA o del Impuesto de Sociedades de más de 150 millones de euros.

Muchas de esas personas compraban oro para inversión, carente de IVA, y lo destinaban a la fabricación de piezas de joyería, sin tampoco abonar IVA y no declarando la mayor parte de estas ventas ni el Impuesto de Sociedades que llevaba aparejada esta actividad. Los tentáculos de esta trama han salpicado a varias provincias españolas de norte a sur, entre ellas, Orense, Jaén, Barcelona, Málaga o Sevilla.

El proceso ha sufrido numerosos reveses, desde la defunción de imputados al hecho de que el Supremo devolviera al Juzgado de Instrucción número 2 partes de la causa de algunos procesados que se encontraban en otros juzgados y que se inhibieron. La macrocausa ha pasado más de diez años en fase de instrucción con idas y venidas. Solo un dato: la fiscal Esther González ha tardado un año en los 500 folios de la calificación de los hechos.

Uno de los grandes escollos es dónde sentar a los 90 acusados junto a sus respectivos abogados defensores. No hay sitio en el edificio de la Audiencia Provincial de Córdoba para albergarlos. En este caso sería la Junta de Andalucía la que tendría que habilitar un lugar para la celebración del macrojuicio.

Las fechas están aún por determinar. Fuentes de la Fiscalía aseguran que, dado que la duración del juicio varios meses, lo ideal sería que la vista oral se celebrase en la nueva Ciudad de la Justicia prevista para la primavera de 2017. La investigación en la fase de instrucción de la causa por la denominada «Operación Fénix» concluyó en verano de 2014.

El caso se inició hace nueve años, cuando la Agencia Tributaria irrumpió en talleres de joyería de toda la ciudad. En principio, queda por conocer el resultado de los recursos previos, alguno de ellos de nulidad. La primera sentencia a una empresa de Orense ha resultado con sentencia absolutoria. El juzgado ha interpretado que no se respetaron los derechos de los acusados durante la entrada y registro.