La Diputación de Córdoba pide a la Junta que «mantenga los servicios» de las oficinas liquidadoras

El Pleno de la Diputación de Córdoba abordó ayer la nueva estructura regional de las oficinas liquidadoras , en las que, gracias a un convenio entre registradores de la propiedad y Junta, los ciudadanos pueden hacer frente al abono de los impuestos de Sucesiones y Donaciones , Transmisiones Patrimoniales (se paga al comprar un piso usado) y Actos Jurídicos (lo mismo, pero con uno nuevo).

Los registradores han avisado de que el nuevo acuerdo que las regula, que se acaba de firmar, implica que 13 de las 15 oficinas liquidadoras pierdan sus tareas de comprobación de los tributos declarados por el contribuyente, lo que, dicen, hará que habitantes de la provincia deban desplazarse , dependiendo el tributo, a las oficinas de Posadas, Priego o la central de Córdoba. La Junta lo niega categóricamente.

Y estas dos mismas posturas se vieron ayer en el Pleno de Diputación. Los votos de PSOE e IU sirvieron para aprobar una proposición en la que se pide al Ejecutivo autonómico que firme un nuevo acuerdo con los registradores que « garantice el mantenimiento de las oficinas liquidadoras con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio», ya que desde ahora 13 de ellas «serán meras oficinas-buzón».

El portavoz del PSOE en la institución provincial , Esteban Morales, aseguró que con esta estructura de sucursales tributarias la Junta da «un revés a las políticas de lucha contra la despoblación». Añadió que los contribuyentes tendrán ahora que viajar, cuando antes no lo hacían o tenían que hacerlo a corta distancia, para gestionar sus tributos.

PP y Cs votaron en contra de esta proposición - Vox se abstuvo -. El diputado provincial del PP Miguel Ángel Torrico acusó al Gobierno provincial de «mentir descaradamente» . Aseguró que los contribuyentes puede hacer, «como hacían en 2019», en las 15 oficinas liquidadoras de la provincia «los mismos trámites de información, asistencia, presentación de documentos y pago de impuestos».

Defendió la decisión de la Junta de firmar un nuevo convenio con los registradores, ya que el anterior venía de 1999 y el escenario «normativo, tecnológico y de gestión» ha cambiado desde entonces.