La Diputación de Córdoba ofrece los servicios jurídicos a los imputados en el amaño de oposiciones a bombero

La Diputación de Córdoba ha tomado la decisión institucional de ponerse de parte de los investigados en el caso del presunto amaño de las oposiciones a bombero . En concreto, lo ha hecho tomando parte en el procedimiento penal que lleva el magistrado del juzgado número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz , poniendo a sus abogados a disposición de la totalidad de los imputados que trabajan en la institución provincial. Se trata de la forma más directa de entender que no se cree los hechos que se relatan en la investigación , en la que el juez dispone de no pocos testimonios directos, y de rechazar, por tanto, personarse como perjudicada.

En este caso, la Diputación ha advertido que es un ofrecimiento y no una obligación . Es decir, que el imputado autoridad o trabajador de la institución provincial puede optar por buscarse un letrado privado si es que decide tener una táctica legal distinta. La vicepresidenta del Consorcio y número dos del PSOE , Dolores Amo , pidió formalmente la asistencia del servicio jurídico público.

El presidente, Antonio Ruiz , se la concedió por decreto -se entiende que previo informe del letrado jefe- en virtud del reglamento que permite que los abogados de la casa defiendan a los cargos públicos por las actividades realizadas «en el ejercicio de sus cargos». El reglamento que regula esta cuestión advierte que la defensa legal de las autoridades no puede entrar en colisión con los intereses generales . Es decir, en el caso de que afecte a la institución ha de parar de forma inmediata. Los políticos con problemas legales no suelen acudir a los departamentos públicos por una razón: los componen expertos en Derecho Administrativo que funcione con reglas distintas a los procedimientos penales.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Prevención de Incendios celebró ayer su primera junta general desde que se conoció el auto de Rodríguez Laínz que señala «gravísimas» irregularidades, aún presuntas, con el propósito de beneficiar a los interinos que se presentaban a la prueba. El máximo órgano de dirección estuvo presidido por el máximo responsable de la institución y secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz. Informó sobre las actuaciones recibidas en el juzgado . Varios municipios gobernados por el PSOE recriminaron al PP su posición sobre este asunto e instaron a pedir cuentas cuando se archive el caso, cosa que dieron por segura. El unico representante popular, del Ayuntamiento de Cabra , expresó sus críticas a esta posición.

El presidente de la Diputación acusó en un acto del partido al grupo popular de haber condenado de antemano a los investigados. El responsable de la institución insistió en que se han de respetar los tiempos del procedimiento judicial. El PP sí ha declarado que pretende personarse en el procedimiento penal ante la ausencia de información.