El descenso de causas penales en Córdoba no se refleja aún en la demora de los juicios por los retrasos

Los asuntos penales que llegan a los juzgados cordobeses han bajado pero el tiempo de espera hasta llegar a juicio se mantiene prácticamente inalterable porque hay cola. Córdoba registró el pasado año el segundo gran descenso de casos desde el cambio de la ley entre 2015 y 2016. La memoria de la Fiscalía de Córdoba del ejercicio 2018 muestra una tendencia de bajada de diligencias previas, de delitos. La reducción del número de procedimientos calificados es de un 5% -de los que se formula acusación- pero sube un poco el de diligencias urgentes, un 3%. La explicación a este descenso la da el fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, quien precisa que se acuden más a las diligencias urgentes , lo que significa que lógicamente se da una respuesta más pronta a los conflictos y éstos son menos graves. En general, se produce una pequeña bajada de asuntos penales , porque disminuyen levemente también el número total de sumarios. Sin embargo, hay una tendencia al alza en la celebración de los juicios lo que quiere decir, en palabras de Calvo-Rubio, «que seguimos teniendo esos juicios orales pendientes de otros años. Aunque bajemos un poquito, no lo vamos a notar en el trabajo a corto plazo porque hay un atraso ».

Entre este enorme bloque de asuntos pendientes están los de naturaleza financiera. La Fiscalía de Córdoba creó el pasado año esta especialidad de Delitos Económicos y Anticorrupción pero no está dotada de plantilla y no ha funcionado como tal, alertan en la memoria del año 2018 ante la Fiscalía de Andalucía. A esto se une a que la responsable de esta especialidad, la fiscal Esther González, estará varios meses en el juicio Fénix por lo que el Ministerio Público no se atreve a hacer muchas valoraciones sobre estos casos en su memoria. Y no es que haya habido un incremento significativo de ellos pero sí suelen ser muy voluminosos, con mucha participación de muchas personas, puntualiza el fiscal jefe.

La Fiscalía de Córdoba enumera en su memoria delitos que están pendientes tanto en investigación como ya señalados para este año. Entre los casos más complejos o voluminosos están asuntos contra la Seguridad Social, fraudes fiscales, corrupción como el caso «Rocket» en Peñarroya o el que se investiga en Instrucción 8 con el tema de compraventa de vehículos de alta gama , además del de cursos de formación que está pendiente de juicio. Una causa viva por delitos económicos se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba donde hay más de 470 investigados por fraude a la Seguridad Social -70 de ellos ya han llegado a conformidades previas a juicio devolviendo parte de lo indebidamente cobrado de las arcas públicas-. Aún hay pendientes otro de estos casos, por presunto delito fiscal del sector de los metales preciosos con un centenar de acusados. Sin perder de vista sumarios por blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, estafas agravadas, así como delitos contra la Hacienda Pública de tramas organizadas que actúan solo en la provincia. En los tribunales está viva una investigación sobre fraude fiscal en el sector del aceite de oliva.

Una de las alertas que ha lanzado la Fiscalía de Córdoba en cuanto a delitos de acoso escolar, en la que se han incoado nueve expedientes a lo largo del pasado año, es que la mayoría de los hechos denunciados son atribuibles a menores de catorce años.

Los profesionales de Córdoba, a modo de reflexión, recoge la Fiscalía Superior de Andalucía , dejan apuntada la posibilidad de hacer frente a la «pujanza de fenómenos violentos auspiciados por colectivos más o menos numerosos de sujetos fuertemente ideologizados», mediante no solo las imputaciones concretas que cada hecho o acto posibilite, sino, además, dejando abierta la puerta a utilizar la vía criminalizadora que proporciona el artículo 570. Esto es, la utilización del Código Penal para poder castigar a grupos criminales que no encajen exactamente en el supuesto pero sí cometen actos reiterados de faltas. De esta forma, Córdoba propone este uso para la pacífica convivencia social con la libertad ideológica y de expresión.