POLÍTICA

El desatasco de las 16 obras públicas paradas en Córdoba tendrá que esperar a un informe jurídico

La Mesa de Contratación para los contratos hasta que se sepa qué hacer con la laguna detectada

María Luisa Arcas y Laura Ruiz en el grupo municipal del PP ABC

Rafael Ruiz

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba , un órgano técnico que decide quién se queda con los encargos de la institución, dejó ayer la palabra en la boca a quienes pensaran que la detección de una laguna en los pliegos de condiciones de las obras tendría una rápida resolución. El gobierno municipal había comunicado que todo se solventaría de una manera rápida pero la realidad es otra. No se tomará ninguna decisión hasta que el asunto se consulte con los letrados de la casa.

La clave del asunto se conoció ayer por ABC y consiste en una laguna legal detectada por una empresa del sector de la construcción que puede desvirtuar el desarrollo del contrato. El Consistorio premia a las empresas que se comprometen a elevar la garantía de las obras realizadas con puntos extra pero no pone un límite de tiempo. Una sociedad ha propuesto que la garantía se extienda los próximos 4.500 millones de años lo que, en principio, no vulnera la letra del pliego. En realidad, es una forma de renunciar al aval obligatorio -el cinco por ciento de la obra- a cambio de presentar una oferta económica más alta. Otra empresa ha presentado una oferta de 600 meses.

La concejala del PP Laura Ruiz aseguró que la situación genera una derivada más. Una garantía indefinida implicaría que las obras nunca llegaran a recepcionarse definitivamente. La recepción es el acto formal de las instituciones para hacerse cargo de una calle o una plaza que ha remodelado. La responsable del PP explicó que la redacción realizada por el equipo de gobierno de los pliegos de condiciones «pervierte» el resultado de la competición, que tiene varados todas las obras del plan « Mi barrio es Córdoba ». Ruiz aseguró que cuando una empresa realiza una oferta económica baja se le puede pedir un informe para que explique cómo lo va a hacer. «En este caso, eso no es posible», aseguró.

«La alcaldesa tiene que responsabilizarse de este procedimiento y que las empresas puedan competir desde criterios reales , no abusivos», aseguró. Ruiz explicó que se han introducido nuevas cláusulas como las que premian la contratación de mujeres lo que, afirmó, vendrá a beneficiar a grandes empresas de la construcción frente a las pymes donde la presencia de la mujer en este tipo de proyectos es mucho más reducida. La primera alternativa que barajaba el equipo de gobierno es excluir a la empresa que presente este tipo de ofertas extrañas o incluso limitar los pliegos sobre la marcha, una vez aprobados.

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