El desalojo como «norma» en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

Si algo caracteriza a los Plenos municipales que se celebran desde que Isabel Ambrosio es alcaldesa de la ciudad, es que pocos están exentos de protestas vecinales . Se ha convertido casi en una norma que las sesiones se vean interrumpidas por quejas variopintas que, en la mayoría de los casos, acaban con el desalojo de la sala . Y parece que cada vez son más los que se plantan en el Consistorio con su cartel reividnicativo bajo el brazo y alzan la voz a grito pelado.

Esto con Nieto esto no pasaba. Y no porque lo de protestar no se estilase entonces, sino porque tras el Pleno del 30 de marzo de 2012, cuando hubo importantes protestas que provocaron interrupciones continuas de la sesión, el PP decidió «blindar» el acceso , limitando el número de asistentes e identificándolos.

Así, el entonces gobierno logal argumentó que los controles que se adoptaron eran «idénticos a los que se vienen adoptando en otras instituciones públicas y edificios administrativos », como es el caso del Congreso de los Diputados o el Parlamento de Andalucía.

Estas restricciones no gustaron nada a PSOE e IU, que revocaron dichas medidas una vez en el poder. ¿El resultado de esta decisión? Que el cogobierno tenga que lidiar en cada sesión con parcelistas vociferantes, trabajadores que exigen sus derechos o vecinos en desacuerdo con alguna decisión consistorial , convirtiendo el patio de butacas del salón de Plenos en un escaparate de demandas en forma de carteles y caras cabreadas. Y todas acaban igual: con la Policía Local desalojando a los asistentes .

Como muestra, el último Pleno, donde se mezclaron las protestas de un grupo de trabajadores municipales de Sadeco, Infraestructuras y Aucorsa; las de vecinos de Santa Cruz por su Silo y la reivindicación de la plataforma «Metrotrén ya».