Violencia de género
Las denuncias por maltrato crecen un 35 por ciento
Cada vez son más las mujeres que ponen en manos de la Justicia su situación, señalan los expertos
El juicio al presunto asesino de la cordobesa Ana María, de 37 años, esta semana mientras enterraban a María Antonia, de 28 años, casera de un cortijo de Baena, muerta por los disparos en la espalda de su pareja han vuelto a poner los pelos de punta a Córdoba. La violencia contra las mujeres no cesa . Las denuncias aumentaron en torno a un 35 por ciento respecto al primer trimestre del año. De las 550 registradas en los juzgados de toda la provincia en el segundo trimestre del año, frente a las 368 demandas del primer trimestre.
De estas 550 denuncias, un 20 por ciento fueron sobreseídas , frente al 35 por ciento de sobreseimientos que hubo en el primer trimestre del año. Esto es, más denuncias y más que llegan a ser enjuiciadas.
La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, Fátima Ortiz , reconoce este aumento de las denuncias que llegan a este órgano en la capital cordobesa. «Si es cierto que en la partida judicial de Córdoba se ha producido un aumento de las denuncias por malos tratos », dice.
En cifras, solo este juzgado ha recibido en el segundo trimestre del año 265 denuncias de víctimas de malos tratos frente a las 190 denuncias registradas en los primeros tres meses del año. Se trata de un barómetro extensible al resto de las partidas judiciales de la provincia ya que este órgano suma casi la mitad del total de denuncias que se investigan en la provincia por violencia sobre la mujer.
Este incremento, analiza esta jueza de Violencia sobre la Mujer, «está motivado porque la población está más informada , tanto las víctimas como el resto de la sociedad, y eso se detecta en que en muchas ocasiones no sea la perjudicada la que denuncia sino alguien desconocido para ella, un vecino o la propia familia de la mujer».
Aspectos legales
La diputada responsable de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados y profesora de Derecho Procesal de la UCO, Concepción Ortega , muestra a ABC su punto de vista sobre el volumen de absoluciones. «La principal causa de una absolución es la falta de pruebas ». El caso, añade Ortega, «es que si vas a una acusación, la falta de prueba es un principio de derecho penal, o en la causa en la que nos encontremos, que nunca se puede olvidar».
«Después hay muchos casos en los que los testigos no van al juicio o, en algunos otros expedientes, en los que la víctima no se ratifica. Pero cuando el juez no acusa es porque no exista el ilícito -no se reúnan los elementos subjetivos u objetivos del tipo por el cual viene siendo», explica.
En este entramado, lo más complicado de mantener es el maltrato habitual que recoge el artículo 173 del Código Penal. En estos casos, admite Ortega, «es fundamental el asesoramiento que ofrece gratuitamente el Colegio de Abogados en su turno de oficio de Violencia de Género a las víctimas porque hay que empezar a recoger para formar la causa adecuadamente».
En Córdoba se cuenta con un buen equipo, reconoce Ortega, tanto de especialistas en violencia en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Córdoba (ICAA) como en la de la Unidad de Evaluación del Instituto Forense, piezas claves para demostrar la existencia de ese maltrato habitual. Existen casos en los que los signos físicos no son evidentes. Los más complicados de demostrar son aquellos que tienen que ver con la degradación de la persona. El maltrato psicológico que es una forma de tortura.
En cuanto al número de órdenes de protección concedidas, Concepción Ortega asegura que es «muy razonable» el numero porque «tenemos un buen equipo, tanto en el juzgado como en la Policía. «Las órdenes se conceden cuando la jueza encuentra motivada la petición y con contestaciones argumentadas», reitera la letrada.
Prohibiciones
Otro de los puntos más significativos de la última encuesta del CGPJ es que Córdoba ocupa el primer puesto en cuanto a prohibición de volver al lugar del delito, con 58 órdenes de protección de este tipo. En total, durante los meses de abril, mayo y junio de este año, los jueces prohibieron vivir en la misma localidad a un número igual de presuntos agresores. «Se trata en la mayoría de los casos en medidas que se han podido tomar ante la incumplimiento de la orden de protección, que no solo lleva el quebrantamiento sino la posibilidad de modificación de esa orden, donde resida la víctima», dice.
Ortega matiza que «la salida psicológica de la víctima es una de las claves para escapar del maltrato. Si la víctima no se siente segura para salir a la calle resulta mucho más complicado salir del túnel».
De otro lado, los jueces tienen claro el Código Civil por el que normalmente se le da el uso de la vivienda a los menores, y al padre o madre que tenga su custodia. Si no existen menores en la pareja, la vivienda se le da a la persona más desprotegida, esto es, con un sueldo bajo o víctima de violencia de género.
Pero si se entra en esta ca
