PERSONAL
CTA denuncia la paralización del contrato temporal a cuatro bomberos en Córdoba
Aumente se declara «indignado» con la decisión de los funcionarios, que dudan del encaje legal
El sindicato CTA ha vuelto a denunciar la crítica situación en la que se encuentra el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS), en el que se han jubilado 18 trabajadores en tres años. Justo cuando el Ayuntamiento iba a contratar de forma temporal a cuatro conductores para los cambiones de bomberos -la última promoción entró en 2011 y en la actualidad hay 28, cuando según CTA debería haber 40- el proceso se ha frenado.
En el último momento, después de que los seleccionados hubieran recibido incluso los correspondientes cursos de formación para el desempeño del trabajo, el funcionario que tenía que formalizar los contratos alegó dudas legales y decidió esperar a un pronunciamiento de la Asesoría Jurídica municipal. Esta dubitación responde principalmente al recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno a la lista de servicios esenciales propuesta por el Ayuntamiento. El cogobierno fijó prácticamente todos los servicios como básicos y prioritarios para esquivar el cerco a la contratación pública que impone la Ley Montoro. Pasar por alto la denuncia de la Abogacía del Estado podría tener repercusiones legales, según esgrimen los funcionarios.
El delegado de Presidencia, Emilio Aumente , que también está al frente del área de Seguridad, mostró ayer su «indignación» con lo sucedido, dada la necesidad de cubrir las bajas para prestar de forma adecuada un servicio como el de la extinción de incendios, que afecta a la seguridad de la ciudadanía. A su juicio la contratación no debería haberse parado , porque aunque existan reparos sobre qué es y qué no es un servicio esencial, no cabe duda de que el que prestan los bomberos sí lo es.
La CTA criticó a la subdelegación del Gobierno por la «irresponsabilidad» de solicitar la anulación de la lista de servicios esenciales, mientras que lamentó que el Ayuntamiento vaya «en contra de sus propios actos» al dar marcha atrás en un procedimiento avalado por informes técnicos «sin que haya una resolución judicial firme que así le obligue». El sindicato alerta del «grave problema de seguridad» que suponen los problemas de personal en el SEIS, algo en lo que coincide Aumente.
