¿Le han denegado la ayuda a autónomos de la Diputación? Pues ya puede recurrir al juez

La Diputación de Córdoba hizo ayer dos cosas. La primera es publicar de forma definitiva quién va a ser adjucatario de una de las ayudas a los autónomos anunciadas en el mes de abril para sostener los gastos generados por el confinamiento. Son más de 1.600 beneficiarios más una lista de reserva de un centenar por si, por si las moscas, quedara algo de dinero. Cada autónomo recibirá unos 570 euros que se han repartido por estricto orden de llegada del correo electrónico (hasta acabar la partida) y que se agotaron el mismo día en que se abrió la solicitud, el 16 de abril.

También, ha tenido que publicar un anuncio en el BOP en el que advierte a todos los interesados que existe un recurso contencioso administrativo que se dictaminará el mes que viene, una fecha muy rápida dados los problemas que existen en los juzgados, porque ya ha habido un autónomo que ha procedido contra la Diputación al entender que se le ha excluido de forma injusta . Es decir, está el plazo abierto para recibir quejas por el trámite judicial. Se aceptan enfadados.

Y la historia es bien curiosa. El caso es que el recurrente se enteró de que la Diputación pretendía incentivar a los autónomos mediante una convocatoria exprés para ayudarlos con sus gastos durante el estado de alarma. El autónomo del recurso decidió preparar la documentación con el objetivo de conseguir esta cantidad que serviría para mantener la actividad en tiempos difíciles. El profesional registró sus documentos en tiempo y forma como hicieron casi nueve mil personas, según aparecen en los rastros electrónicos del registro.

El autónomo se encontró con una sorpresa en el plazo abierto de subsanaciones. Se le advertía que no había certificado de ninguna manera que estaba desarrollando la actividad en un municipio de menos de 50.000 habitantes (una medida creada para dejar fuera a los autónomos de la capital). Extrañado, recordó que había presentado un certificado de la Agencia Tributaria sobre este fin. Teóricamente, explica su recurso, existen dos tipos de certificaciones que sirven para esto. En la desestimación del recurso, se aludía a que no se había presentado una casilla concreta del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

El problema, explica el recurso, es que la Diputación había fijado claramente las reglas del juego en las bases . Entre la documentación concreta que se reclamaba decía lo siguiente: «Certificado de situación en el censo de actividades económicas o certificado de situación censal, emitido por la Agencia Tributaria que deberá estar emitido en fecha inmediatamente anterior a la solicitud». Ambos papeles se consiguen en Hacienda. El recurso del autónomo explica que ambos documentos se entregaron tanto en el plazo inicial como posteriormente en el de subsanación . Se trata de hechos que intentarán probarse en el acto de la vista oral con los certificados electrónicos de su presentación. El recurrente protestó primero su exclusión por la vía administrativa, lo que la Diputación rechazó. En segunda instancia, se fue a los tribunales. Allí se solventará el asunto.

Inicialmente, el procedimiento se iba ventilar por el examen documental, sin vista oral, a propuesta del recurrente. Una posibilidad que da la ley en este tipo de casos y que evita el acto del juicio. Fue el letrado de la Diputación quien decidió que hubiese vista oral alegando contradicciones fácticas. El problema radica en que el recurso pide expresamente la paralización de la entrega de todas las subvenciones hasta tanto se solvente esta situación. La explicación es simple. Todas las subvenciones se conceden hasta que quede dinero en la partida para pagarlas. Si la institución provincial decide abonarlas ya, no quedarían recursos para abordar futuras reclamaciones judiciales. El juzgado decidió resolver el asunto lo antes posible. El próximo mes de octubre se celebra el juicio, de momento, con un recurrente.